El 16 de enero de 1992 representó, sin lugar a duda, un momento histórico para la población salvadoreña, que veía que finalizaban 12 años de guerra civil y afrontaba con ánimo el reto de reconstruir un país mucho más justo para todos.
El partido ARENA tenía el mando en el Ejecutivo en una sociedad pos conflicto armado y estaba obligado a guiar el proceso de transición para reconstruir El Salvador. Pero en lugar de eso, comenzó todo un proceso privatizador, reduciendo los recursos para evitar que el aparato público pudiera operar y funcionar de manera efectiva.
Electricidad, telecomunicaciones y pensiones fueron algunos de los sectores que en los cuatro gobiernos bajo la bandera del partido tricolor significaron pérdidas para el Estado, pues pasaron a ser operados libremente por entes privados. Se había comprado el discurso de que lo privado era mejor que lo público.
Ahora, las cuatro administraciones presidenciales del partido ARENA han recibido señalamientos por casos de corrupción que iniciaron con el pago de sobresueldos a los funcionarios de turno hasta establecer toda una red para extraer recursos públicos y desviarlos a cuentas privadas.
La Fiscalía General de la República, institución protectora de la sociedad salvadoreña, terminó siendo dirigida por fiscales con estrecha relación con el partido de derecha.
Hasta 2021, la elección del fiscal recaía en una comisión específica de la Asamblea Legislativa: la política. Ahí se negociaba de forma oculta quién estaría al frente de esa importante institución del ministerio público.
Raúl Melara fue el último titular de la FGR elegido en dicha comisión, y particularmente tenía una evidente vinculación con el partido ARENA, al ser asesor legal del excandidato presidencial Carlos Calleja, además de financista.
El nombramiento de funcionarios que tuvieran vínculos con el tricolor garantizaba la impunidad necesaria para no iniciar procesos judiciales.
A esta ganancia, ARENA sumó la promulgación de una ley de amnistía que completó la inmunidad e impunidad para los perpetradores de diferentes hechos de violencia cometidos durante el conflicto armado.
Los objetivos de los Acuerdos de Paz, según lo consignado en el papel, eran la reparación de las víctimas y el conocimiento de la verdad, pero ninguno llegó a la población que demandaba oportunidades.
ARENA puso candados y blindó a los perpetradores de horrendos crímenes, y tuvo como premio mayor los recursos del Estado que debían llegar en obras a la población.
