Las representaciones diplomáticas, consulares y misiones permanentes del último Gobierno del FMLN presentan reparos por el uso de los fondos públicos relacionados con desembolsos no documentados, pagos excesivos, gastos no autorizados y diferencias entre los ingresos y depósitos por los servicios consulares y la emisión del Documento Único de Identidad (DUI) a la diáspora.
Estos reparos están contenidos en el examen especial que la Corte de Cuentas de la República (CCR) practicó al Ministerio de Relaciones Exteriores, y entregó a Hugo Martínez, excanciller de la república y excandidato presidencial del FMLN en las elecciones de 2019.
La representación consular de Doral, en Florida, Estados Unidos, es cuestionada en el examen especial porque no depositó los ingresos íntegros en la cuenta corriente el mismo día o el día siguiente hábil de que se produjo la recaudación por los servicios consulares prestados a la diáspora.
En 2015, el consulado de Doral registró ingresos en concepto de servicios prestados a la diáspora por $458,115.54; sin embargo, ejecutó 12 transferencias cablegráficas a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda solamente por $434,288.00.
Es decir, el consulado reportó $23,827.54 menos a la tesorería del Ministerio de Hacienda de lo que realmente había ingresado. Esa representación también está señalada en el examen especial porque durante la revisión de los informes de caja colecturía (FI-01) encontraron «diferencias de los montos» reportados a la cancillería salvadoreña.
Se detectó que el consulado reportó $29,196.02 menos de lo que había ingresado en concepto de emisión del DUI y de los servicios brindados a la diáspora. Asimismo, la representación diplomática y consular de El Salvador en Bogotá, Colombia, presenta varios cuestionamientos.
El primero es que reportó el pago de salarios por $87,048.78; pero no hay planillas del pago de los salarios emitidas por la unidad de recursos humanos institucional ni documentos firmados por los empleados para corroborar los pagos.
El segundo cuestionamiento a esa representación diplomática es que desembolsó extra $4,000 para pagar el arrendamiento de la residencia del embajador, a pesar de que ya se había ejecutado una erogación previa por el mismo monto con ese mismo fin. El tercer reparo al consulado es que reportó «gastos por $11,809.86, pero ni siquiera hay documentación comprobatoria que soporte los pagos», según el examen especial.
Mientras que el consulado general de El Salvador en Tapachula, Chiapas, México, erogó $2,775.34 —sin el aval de la cancillería salvadoreña— en ayuda humanitaria en efectivo o en especie para los migrantes. El examen especial de la CCR concluyó que esa acción violó la Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El Salvador, que en el artículo 260 ordena: «Ningún funcionario consular puede hacer erogaciones sin la previa autorización u orden del Ministerio de Relaciones Exteriores». Este mismo consulado tiene un reparo por haber gastado $750.58, de lo cual no hay registros que comprueben en qué fueron gastados, de acuerdo con el examen especial.
El informe señala deficiencias en la elaboración presupuestaria porque no se incluyó el rubro de las remuneraciones para las representaciones diplomáticas y consulares en Los Ángeles, Estados Unidos; Bogotá, Colombia; Chiapas, México; Tegucigalpa, Honduras; Seúl, Corea y París, Francia.
REPAROS DE LA CORTE NO FUERON DESVANECIDOS
El examen especial indica que ninguno de los reparos señalados al Ministerio de Relaciones Exteriores fue desvanecido durante la auditoría. Por lo tanto, los señalamientos se mantienen, el proceso continúa y serán las cámaras de la CCR las que deducirán las responsabilidades de los funcionarios.