El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ricardo Gómez Guerrero, en una entrevista con Diario El Salvador, afirma que las autoridades actuales están claras en el conocimiento de la Ley de acceso a la información y brindan información adecuada, en tiempo y actúan bajo parámetros de transparencia y de publicidad hacia la ciudadanía a pesar de que voces disonantes del gobierno opinen lo contrario a raíz que su institución denegó solicitudes de información con categoría de reserva y confidencialidad.
El funcionario detalla que la pasada administración del IAIP estuvo al servicio de periodistas y organizaciones opositoras al gobierno actual.
¿Las autoridades del gobierno actual cumplen con su compromiso de ser transparentes?
Fíjese que el día de ayer (12 de julio), justamente usted se habrá dado cuenta, pues que la autoridad del Ejecutivo, en este caso valga decir, los ministros llegaron a rendir sus informes a la Asamblea Legislativa y periódicamente podemos ver también que tanto estas autoridades como otras descentralizadas, autónomas de parte del ministerio público, por ejemplo, la Procuraduría General u otras; nosotros mismos, constantemente generamos distintos actos o eventos de rendición de cuentas creo que de una forma amplia, todas las instituciones están claras en el conocimiento de la ley y lo importante que es justamente, el brindar la información en tiempo y adecuada y actuar bajo parámetros de transparencia y de publicidad hacia la ciudadanía.
¿Cuál será la razón por la que contrarios al gobierno afirma que los ministros no brindan información?
El problema es que muchas veces hay una visión muy política o muy sesgada por algunos sectores, se tiende a ver como que esto no está sucediendo, se tiende a veces a, digamos, a exigir más allá de lo que pueda hacer en algún momento determinado, pero yo creo que de una forma muy amplia, nosotros como instituto hemos podido comprobar también, al igual que en los casos que conocemos, que de parte de las autoridades si hay un conocimiento o una disposición en ese sentido, por supuesto que habrá casos concretos en los cuáles pueden haber disonancia, verdad o puntos de vista distintos, precisamente nosotros, para eso estamos, una institución para poder establecer parámetros de cuándo es pertinente o no dar una información.
¿Cuántas solicitudes de información han recibido entre el 2020 a junio de 2022?
Fíjese que nosotros como Instituto, justamente a partir de nuestra llegada, qué diríamos desde septiembre del 2020, a la fecha, obviamente el Instituto se mantenía en una dinámica de trabajo permanente, justamente recibiendo solicitudes, pero en este caso habría que diferenciar las solicitudes de información: una son las que nos vienen como institución, justamente para pedir información sobre el quehacer de nuestra institución y lo otro, pues los casos que vienen, llamémosle apelaciones, en su mayoría, son aquellos que la ciudadanía, de una otra manera ha ido a pedir la información a otras instituciones públicas, por medio del oficial de información respectivo, quien lo ha canalizado a las autoridades respectivas y en este caso, pues de una u otra manera pudieran no haber obtenido la información deseada; tanto en su totalidad, por así decirlo, o parcialmente, o que no esté satisfecha de una u otra manera con este tipo de información.
En ese sentido, a nosotros nos han ingresado a partir del año 2020 un aproximado de 1,390 solicitudes, en ese sentido, que como le digo jurídicamente hablando, son apelaciones que el usuario al no sentirse satisfechos y que lo que le corresponde al Instituto, por ende, es conocer de esas apelaciones por medio del Pleno de comisionados en audiencias que se realizan con la parte apelante en este caso y con los representantes del ente obligado para después determinar si proceden estas solicitudes que en su momento han hecho en cuanto a entregar la información que le han requerido a alguna entidad del gobierno o del Estado en general.
¿Quiénes son los principales solicitantes de información?
La mayoría, pues obviamente son solicitados por distintas entidades de sociedad civil o periodistas.
Fíjese que el derecho a acceso a la información por reglas generales es más orientado, pues precisamente a que los solicitantes sean justamente este tipo de personas. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo también porque sea en este caso la ciudadanía, la que digamos, sea la que pida más que todo datos, sobre las distintas entidades del Gobierno, por ejemplo, en este caso yo le puedo decir que un aproximado de 1,445 casos que han pedido de servidores públicos y un aproximado de 565 de sociedad civil que han hecho uso del derecho en ese sentido.
¿Qué tipo de información pueden solicitar los usuarios?
Fíjese que nosotros desde que vinimos detectamos una situación bien particular en el Instituto, efectivamente es un derecho humano que derivado, verdad, del derecho a la libertad de expresión, es decir, que toda persona puede pedir información a las distintas instituciones del Estado sobre cómo están funcionando, ese es el objetivo principal, que la ciudadanía, una especie de gobierno abierto en el que haya transparencia y posibilidad de que los representados, decir las personas puedan conocer las políticas públicas, pueda toda persona ejercer adecuadamente ese derecho, es decir, acudir a las instituciones y preguntar, indagar cómo están, digamos, enrumbando ciertas políticas, ciertas finanzas, ciertos proyectos, verificar justamente como ciudadanía, en esa participación, de qué se trata justamente lo que está haciendo el Estado.
Me comenta que los mayores solicitantes de información son periodistas y sociedad civil ¿De qué tipo es la información requerida?
Nosotros no tenemos que averiguar o preguntar o las personas deben de razonar, el por qué lo están pidiendo, pero si voy a decirle que de una u otra manera nosotros hemos podido notar que lamentablemente el ejercicio sigue siendo de uso exclusivo e incluso poder decirle casi elitista de parte de este tipo de entidades y en la mayoría de casos de, desafortunadamente, una situación que encontramos en el Instituto muy fuerte, la visión, digamos o la razón de solicitarlos es dentro de una especie de esquema, por así decirlo, de estar en una confrontación política o usarlo precisamente para estar en una mecánica de desgaste, particularmente con algunas entidades, valga decir mayoritariamente con el Ejecutivo y entonces hay de una a otra, de una u otra forma, se desnaturaliza, justamente este derecho porque las solicitudes en ese sentido, muchas veces bien encaminadas con una visión bastante agresiva hacia ciertas cosas.
¿Los solicitantes pedían información categorizada como reservada o confidencial?
Incluso creo que los solicitantes siendo personas conocedoras del derecho, saben que pueden estar en cierta categoría de reserva o de confidencialidad y no obstante ello, pues se genera una dinámica de trabajo de solicitudes para el Instituto en el sentido de que se quiere tener cierta información que a priori se sabe porque no se puede proporcionar y entonces eso coloca que el derecho esté en una especie de juegos intermedios.
Las autoridades del Instituto, antes de su llegada en septiembre 2020, ¿daban prioridad a solicitudes de información a periodistas y asociaciones opositoras al gobierno y si eso daba pauta a una mora alta?
Fíjese que por esa misma línea es que nosotros verificamos esta conducta, digamos de casos, justamente nosotros pudimos verificar que justamente la institución tenía un número alto de casos pendientes porque había habido, llamémosle así, una apertura indiscriminada de casos, incluso de forma oficiosa, precisamente tendiente a poder actuar de esta manera, llamémosle ya bien deliberada, precisamente para generar algún tipo de resoluciones que, de una u otra manera, pudieran comprometer a distintas instituciones del Estado, eso había provocado que, de una u otra manera, que el Instituto tuviera en los años previos a nuestra llegada y a memoria de casos del 2018, del 2019, en 2020, incluso, una mora alta de los mismos que había de otra manera que hacer un ejercicio de verificación de estos, para efecto pudiéramos establecer los criterios adecuados y los mismos eran pertinentes de resolver, de la manera que venían los proyectos o, por lo contrario fue justamente, pues archivar los mismos si no fuera el caso.
Así que nos ha tocado trabajar justamente en esa mora de casos. Hemos sentido que a partir de la nueva visión que hemos tenido, el establecimiento de otros criterios ha ido de otra manera, entendiendo verdad que son casos que no se deberían de haber abierto en algún momento y por eso creo que hemos logrado reducir y con el trabajo que tenemos en la actualidad.
¿Qué hacen para difundir la LAIP a escala nacional?
Detectamos que lamentablemente el Instituto se cruzó de brazos en mantener este derecho como un derecho elitista y propio, de algunos sectores, nada más incluso conscientemente de que el mismo no estaba siendo utilizado para el verdadero fin, es decir, para ser un buen país, para ser un buen Estado, para que la persona, el salvadoreño común pueda saber qué proyectos, por ejemplo, qué está haciendo la alcaldía en su sector, o pedir la información a la Policía sobre un puesto policial que han instalado cerca.
Creo que esas son justamente las cosas que el salvadoreño o la salvadoreña común debería de saber y conocer, y son las que siento que nosotros estamos obligados a poder llegar a la persona que a diario se cuestiona, o hace o emite opiniones sobre el quehacer del Estado, pero a veces sin tener el dato, la información adecuada.
¿Por qué es importante promover la cultura de transparencia en la sociedad civil para ejercer de forma correcta el derecho de acceso a la información pública?
Creo que en toda democracia, justamente si los ciudadanos nos llamamos, pues representados de los que tienen o ejercen el poder en las distintas instituciones, en todo sistema democrático, lo más importante es que puede haber un mecanismo de contraloría social, de supervisión de las personas de una manera adecuada, el funcionario ejerce sus labores precisamente en las distintas instituciones en donde es nombrado junto al personal con el que trabaja, con sus equipos, pero la ciudadanía debe de una forma, digamos patriótica y ética, por así llamarlo, también justamente hacer esa contraloría y hacer de una forma organizada o una forma independiente para ir viendo justamente como aquellas personas que en un momento puso en el poder están justamente haciendo uso de las facultades que el mismo representado, es decir, el mismo pueblo salvadoreño le dio.