El opositor, Ronal Umaña, denunció una supuesta «persecución política» contra Eugenio Chicas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia del expresidente prófugo, Salvador Sánchez Cerén, luego que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró indicios de enriquecimiento ilícito por más de $130,700 del exfuncionario del FMLN.
El vocero de la oposición y presidente del Movimiento Resistencia Ciudadana criticó la investigación contra Chicas, quien también es integrante de su movimiento.
Umaña afirma que el proceso emprendido contra el exmagistrado se debe a que es «firme crítico de las acciones del gobierno».
La resolución de Probidad determinó que por $130,768.14 serían los indicios de enriquecimiento ilícito encontrados contra Chicas.
El informe de probidad detalla que el supuesto enriquecimiento del exsecretario ocurrió cuando era Magistrado presidente del TSE entre el 1° de agosto al 31 de julio de 2014, entre otros cargos. «Declárase que existen indicios de enriquecimiento ilícito, por parte del señor Eugenio Chicas Martínez, por la suma de $130,768.14, en razón del ejercicio de sus cargos como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, director propietario de la Junta Directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales, secretario de comunicaciones de la Presidencia de la República y diputado propietario del Parlamento Centroamericano», se lee en parte de la resolución.
En el documento se detalla que se designará a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro para que sustente el juicio por enriquecimiento sin causa justa contra Chicas, además informarán a la Fiscalía General de la República sobre la posible comisión de un hecho delictivo respecto a los periodos investigados.
En los registros de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aparecen los nombres de 33 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN señalados de haberse apropiado de $35,983,559.86, entre enero del año 2015 a mayo de 2022.
La sustracción de fondos estatales fue detectada cuando los exservidores públicos presentaron su declaración jurada de patrimonio de toma posesión y cese de funciones.