La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este lunes una controversia entre la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa relativa al decreto legislativo 810, el cual fue aprobado el pasado mes de febrero y que contiene la «Disposición transitoria para garantizar el pago de indemnización a ex empleados de la extinta ANTEL, que a la fecha no han recibido dicho beneficio».
Este decreto aprobado por el Legislativo supone el pago de $2,800 a empelados de la ex Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) que aún no han recibido de este beneficio laboral. Sin embargo, el decreto fue vetado por el presidente de la República, Nayib Bukele, por lo que regresó al Legislativo.
El decreto fue vetado por el Órgano Ejecutivo ya que considera que «viola los viola los principios de planificación y equilibrio en materia presupuestal» contemplados en el artículo 226 de la Constitución de la República, alegando también que el decreto del Legislativo fue aprobado sin la debida consulta con el Ministerio de Hacienda, área del Ejecutivo encargada de asuntos presupuestarios.
De igual manera, el veto presidencial argumenta que la Asamblea violó el principio de planificación presupuestaria al imponer una obligación de gasto público al Ministerio de Hacienda, la cual no estaba contemplada y que supondría «una reforma al presupuesto vigente, ya que implica la introducción de una nueva unidad presupuestaria y de línea de trabajo en el ramo de Hacienda».2
Finalmente, el decreto fue vetado por Presidencia la considerar que violaba el principio de separación de funciones, considerando que la imposición de dicha cancelación sin previa consulta supone una intromisión por parte de la Asamblea en la atribución del Ejecutivo de realizar la planificación presupuestaria del país.
La Sala de lo Constitucional ha dado un plazo de diez días hábiles para escuchar a la Presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa, quienes expondrán sus argumentos para dejar que la decisión sea tomada por la máxima institución en materia constitucional en El Salvador.