La última auditoría encargada por la Fiscalía General de la República en la investigación del caso Saqueo Público revela que el primer presidente del FMLN, Mauricio Funes, implementó desde su llegada al Gobierno un descarado sistema para extraer cientos de millones de dólares del Estado, que dejó los hospitales sin medicinas y las escuelas en pésimas condiciones; además de una inseguridad galopante debido a su nefasta tregua con las pandillas.
Con notas enviadas desde el despacho del entonces presidente hacia el Ministerio de Hacienda, daba instrucciones de reforzar la partida de gastos reservados para evitar el escrutinio y apropiarse de esos fondos, que en el primer año de mandato ascendieron a $32 millones, en el segundo año fueron casi $69 millones; y al año siguiente aumentaron a más de $81 millones.
Es debido a tanto dinero robado de los fondos públicos que Funes, un profesional de las comunicaciones de clase media, se convirtió en un millonario con gustos exquisitos y afición por tragos finos y otros vicios. También compró la ciudadanía nicaragüense en ese mercado de cosas imposibles que Daniel Ortega regenta con su esposa-vicepresidenta, y que también protege a perseguidos terroristas internacionales.
El FMLN quedó reducido a un pequeño club que recuerda glorias pasadas, pero que insiste en olvidar toda la corrupción desenfrenada durante los Gobiernos de Funes y Sánchez Cerén. Califican de persecución política la búsqueda de justicia para que exfuncionarios paguen por sus delitos, razón por la cual los dos expresidentes huyeron a Nicaragua y sus compinches Sigfrido Reyes y Gerson Martínez hallaron refugio en otras naciones, donde disfrutan de los fondos públicos robados.
Funes se dedica a atacar al Gobierno del presidente Nayib Bukele porque lo ve como un peligro para sus mafiosas inversiones y teme que el dinero mal habido sea decomisado y usado verdaderamente para el desarrollo del país, no para complacer sus caprichos extravagantes.
Hasta ha olvidado supuestas diferencias con políticos de otras líneas ideológicas a fin de convocar una especie de alianza de fuerzas oscuras para atacar al presidente. Sin embargo, sus esfuerzos quedan en el aire porque carecen de legitimidad y están desconectados del verdadero pueblo salvadoreño.
La indecencia del robo cometido por Funes es una razón más para que este crimen no quede impune. Las autoridades de seguridad y judiciales seguirán los esfuerzos para que rinda cuentas ante la justicia.
