El Tribunal Primero de Sentencia aplazó ayer la vista pública en contra de René Figueroa, exministro de Seguridad del gobierno del expresidente Elías Antonio Saca en el período 2004 al 2009. El exfuncionario es procesado junto a su esposa Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa, por lavar supuestamente $3.7 millones.
El pasado 5 de julio se conoció que el exfuncionario estaba interesado en un procedimiento abreviado con el fin de reducir la pena, para adherirse a ese beneficio procesal debe cumplir los requisitos de admitir el delito y devolver al Estado el monto lavado.
La Fiscalía General de la República había dicho que previo a otorgar el procedimiento abreviado se debía realizar un valúo de los inmuebles decomisados al imputado para asegurar el pago de la responsabilidad civil tras la condena que el Tribunal Primero de Sentencia les impondrá por confesar que son lavadores de dinero.
Pero el fiscal del caso dijo que se ha reprogramado la vista pública para el próximo 20 de septiembre tras una petición de la defensa y ratificada por el ministerio público ya que aún no se han alcanzado los acuerdos definitivos para la salida alterna del procedimiento abreviado.
«Hay ciertos puntos que todavía no están definitivos, un acuerdo por completo es por ello que se ha dado un tiempo prudencial para poder terminar ese acuerdo y llegar a un 100% de la pretensión de la Fiscalía», sostuvo el representante del ministerio público.
Aún no se tiene un acuerdo definitivo respecto a la pena y el pago de la responsabilidad civil que se exige y todo depende del valúo de los inmuebles que los peritos no han terminado.
En las investigaciones del ministerio público plasmadas en el expediente se establece que el blanqueo de dinero lo iniciaron en el año 2004, cuando Elías Antonio Saca llegó a Casa Presidencial, pero la actividad delictiva la prolongaron hasta el año 2015.
Figueroa quien también fungió como viceministro de Gobernación en el gobierno Francisco Flores, no justificó la procedencia lícita de $3.7 millones lo cual se transformó en un incremento patrimonial que terminó en un lavado de dinero castigado con una pena de cinco a 15 años. Pero con procedimiento abreviado la pena sería mínima.
