Tres años han transcurrido desde que se aprobó la reforma que modernizó el sistema judicial y se sentaron las bases para la lucha contra las pandillas y el crimen, recordaron los analistas Óscar Peñate y Nelson Flores.
Los cambios se hicieron por medio de un pliego de reformas de la Ley de la Carrera Judicial, que propuso el Ejecutivo y aprobó el 31 de agosto de 2021 la Asamblea Legislativa con mayoría de diputados del partido Nuevas Ideas.
«[Se] depuró el sistema judicial corrupto que habían dejado instalado los partidos ARENA-FMLN con el propósito de que la corrupción continuara, de esta forma se aseguraban la impunidad. La depuración de jueces, magistrados y fiscales era un imperativo y una condición “sui generis”», expresó Peñate.
Explicó que la reforma creó «las condiciones propicias para la efectividad y el éxito del Plan Control Territorial y del estado de excepción», porque se depuró a los jueces que, alegando cualquier tecnicismo, dejaban en libertad a los pandilleros.
«La depuración sentó las bases de este nuevo El Salvador […]. La población era obligada a pagar extorsión, miles de personas [fueron] desalojadas de sus casas por los mareros, miles de personas huían en caravanas hacia Estados Unidos, los ciudadanos no tenían libertad de circulación en su propio país», manifestó Peñate.
Por otra parte, Flores consideró que las reformas de 2021 permitieron subsanar las deficiencias en el sistema judicial. «Permitieron a la población tener acceso a una pronta y debida justicia, a tener un Estado más ágil y funcional y a la creación de más juzgados para combatir de manera eficiente a las pandillas», expresó el especialista en administración pública.
Flores dijo que todavía «hace falta profundizar cambios en el sistema judicial », y valoró que los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que sean electos por la Asamblea deben adaptarse «a los nuevos tiempos y al rumbo del nuevo país».
