La legislatura 2018-2021 concluye funciones mañana, y los diputados salientes hacen «mea culpa» del trabajo no realizado y las leyes no aprobadas en estos tres años salpicados por los cuestionamientos públicos por los gastos, la elección tardía y reparto de funcionarios de segundo grado y la investigación fiscal abierta por las plazas fantasmas.
En palabras del diputado no partidario, Leonardo Bonilla, la legislatura 2018-2021 «es una de las que más credibilidad ha perdido» y «ha dejado mucho qué desear» en el trabajo en favor de la población.
En relación con el trabajo, en la última plenaria de esta legislatura celebrada el miércoles pasado, los diputados de ARENA, FMLN y PDC que integran la comisión política de la Asamblea aprobaron un dictamen favorable para superar el veto y ratificar la Ley de Reconciliación Nacional, la fue vetada en febrero del año pasado por el presidente de la República, Nayib Bukele.
Con el dictamen de ley, los diputados mantienen viva la esencia de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, la cual dificulta el juzgamiento de los crímenes perpetrados durante el conflicto armado.
El presidente de la república anunció la derogatoria de la nueva ley de amnistía y los diputados no sometieron a votación del pleno el dictamen favorable para revivirla.
Un día después de esa maniobra de los diputados de la comisión política, el analista Ramón Villalta interpretó que la intención de aprobar una nueva amnistía pudo responder «a las peticiones de los grupos financistas de los partidos políticos tradicionales».
Para los diputados Mauricio Vargas, Carlos Ruiz y Mario Ponce, de los partidos ARENA, FMLN y PDC, respectivamente, las deudas de esta legislatura son la no aprobación de la ley del Agua, la reforma al sistema de pensiones y la ley contra el lavado de activos.
De hecho, la ley del agua tiene más de 10 años de estar engavetada en la Asamblea Legislativa y la falta de consenso se generaba cuando los diputados de ARENA y el FMLN discutían si la junta directiva encargada de administrar el recurso hídrico debía ser pública o privada.
Además de esas normativas, esta legislatura no aprobó la ley para garantizar el voto de los salvadoreños en el exterior desde las elecciones del 28 de febrero pasado. A pesar de la resolución de la Sala de lo Constitucional que mandataba legislar este tema, los diputados dilataron la discusión y la Sala avaló el derecho al sufragio activo de los salvadoreños en el exterior hasta las elecciones de 2024.
Además de ley del voto en el exterior, esta legislatura engavetó dos anteproyectos para reformar la Ley de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Asimismo, los diputados aprobaron el mes pasado la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), pero tuvo observaciones del presidente de la república, las cuales fueron aceptadas por la Asamblea.
Al trabajo no realizado se suman los viajes, viáticos y dos bonos semestrales que recibieron los diputados y legisladores entre 2018 y 2020. Solo para el pago del último bono, el Ministerio de Hacienda erogó $3.1 millones. La Asamblea también fue salpicada por el allanamiento que la Fiscalía hizo el mes pasado por la denuncia de 1,200 plazas fantasmas.
Elección tardía y reparto
La legislatura saliente eligió con más de 100 días de atraso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del periodo 2018-2027, quien sustituirían a los funcionarios electos para 2009-2018.
Asimismo, esta legislatura fue cuestionada por la población por el reparto que ARENA, FMLN y PDC hicieron de la elección de los tres magistrados de la CCR en agosto del año pasado, y además porque a finales de 2019 eligieron procurador de derechos humanos a José Apolonio Tobar, quien según documentos públicos laboró para la Asamblea Legislativa y estuvo asignado a la fracción del FMLN, a la cual donó de su salario.
Para el subjefe de fracción de GANA, Mario Tenorio esta fue una legislatura marcada por las situaciones «tensas» que desencadenó la pandemia de la COVID-19, y que quedaron temas prioritarios como el de las pensiones.
Tenorio resume así el cierre de esta legislatura: «uno sale con esa sensación de poder haber hecho más». En la comisión de legislación y reformas electorales que él presidió en esta legislatura quedaron al menos 10 reformas a la Constitución pendientes de ser aprobadas.
Una de estas era para evitar la prescripción del enriquecimiento ilícito a los 10 años, elegir a los magistrados de la CCR con mayoría califica y no simple, y garantizar la paridad de la participación de mujeres a cargos de elección popular.
«Esta es una de la Asambleas que más credibilidad ha perdido (…) esta Asamblea ha dejado mucho qué desear».
Leonardo Bonila/Diputado no partidario
«Los procesos administrativos, la puntualidad es un factor que hizo mucha falta, el sentido de responsabilidad en ciertas medidas».
Mauricio Vargas/Diputado de ARENA
