El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro acusó ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los diputados de ARENA y del FMLN de estar haciendo campaña política con la petición de desafuero y antejuicio contra el viceministro de Justicia y director de la Policía Mauricio Arriaza Chicas y los allanamientos en los ministerios de Salud y Hacienda.
«Me extraña todas las actitudes que hoy por hoy la Fiscalía está teniendo… No sé si es un acoso o es un show político en el que ellos se metieron ya de cara a las elecciones, es una lástima que ellos se estén prestando a esto», aseguró Castro.
Agregó que como Gobierno están de acuerdo con la transparencia, pero esperan que la Fiscalía actúe de una forma correcta.
«Le pedimos a la Fiscalía General de la República que actúe como debe de ser, pero que lo haga con respeto y con la legalidad en las manos, por favor se los pido. Nosotros estamos abiertos… El Gobierno del presidente Bukele y todos sus funcionarios estamos abiertos a la transparencia, somos los primeros en hablar de cambiar el sistema corrupto que ha manejado este país. Todos los documentos que nos pidan se los vamos a entregar», dijo el funcionario.
Respecto a los allanamientos realizados desde el lunes en los ministerios de Salud y Hacienda, el fiscal general, Raúl Melara, explicó «son mecanismos rutinarios y totalmente habilitados por la ley dentro de investigaciones que se dan, investigaciones que no tienen que enmarcarse bajo ningún tema político, sino que está enmarcado en las denuncias sobre los fondos de la pandemia». Dijo que están atendiendo avisos interpuestos, en este caso, por la CICIES.
Además: Tensa situación por fiscales armados en sede del Ministerio de Salud
Sobre los momentos de tensión que hubo la noche del martes entre policías y fiscales durante los allanamientos en las oficinas del Ministerio de Salud, Melara señaló «la Policía se encontraba en el lugar para tomar control perimetral» por solicitud de Salud. «Eso fue lo que sucedió». Policías realizaron inspección de permisos de portar armas, debido a que dos fiscales llegaron armados al allanamiento y Salud lo denunció.
Un desafuero político
Castro también ve con tintes políticos la petición de desafuero y antejuicio contra el director de la Policía Mauricio Arriaza Chicas.
«Los que están dispuestos a desaforar, prácticamente están en la línea de delincuentes en este país, delincuentes que se disfrazan en trajes y se escudan en la Asamblea Legislativa… Ellos están en campaña… En la Asamblea Legislativa pueden seguir llamando a todos los funcionarios que quieran, pueden seguir interpelando a los funcionarios que quieran, pueden seguir haciendo lo que quieran, tienen desde aquí hasta el 1 de mayo para que sigan haciendo lo que quieran, como lo han venido haciendo hasta este día, sobre todo el bloque ARENA y FMLN», enfatizó Castro.
Con respecto al disgusto de los fiscales que realizan los allanamientos por la presencia policial, y que llevó al jefe German Arriaza a empujar a un agente que estaba en el portón, el ministro de Justicia, Rogelio Rivas aclaró que los agentes se encuentran en el lugar para que el proceso sea transparente y no para entorpecer el trabajo de la Fiscalía.
Rivas: «Son unos sinvergüenzas»
«Están poniendo en peligro la vida de la gente, porque afectan incluso sistemas informáticos. Creo que han llegado a niveles que ni siquiera nosotros podíamos imaginar. Son unos sinvergüenzas», afirmó de manera tajante el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, al reaccionar al trabajo de fiscales en la sede del ministerio de Salud.
De acuerdo con el ministro, «La presencia policial en el ministerio de Salud, no es como se ha querido vender, que es ir a boicotear el trabajo de la Fiscalía, sino que es ir a ver que el proceso se haga de la mejor forma… Yo no los veo así con ese mismo garbo cuando vamos a los operativos a traer pandilleros de la MS o de la 18, ni con sus armas, los veo atrás de los Policías, con temor», apuntó el ministro.
Según afirmó el secretario privado de la Presidencia, la Fiscalía envió un contingente de 80 fiscales para secuestrar la información de compras de medicinas e insumos y equipos informáticos en el ministerio de Salud.
