Los salvadoreños tienen derecho a vivir en seguridad y con tranquilidad, sin preocuparse por ser víctimas de la delincuencia o de los caprichos de criminales.
Durante décadas, en los gobiernos de ARENA y del FMLN, desde la autoridad hubo, al principio, tolerancia hacia estas estructuras criminales, y a partir de su accionar se desencadenó toda una floreciente industria de agencias de seguridad privada y de venta de armas, tanto que dirigentes de ARENA eran dueños de estas empresas, y luego los oligarcas de izquierda hicieron lo mismo al crear agencias de seguridad propias.
Es por ello que ahora a estas dos moribundas estructuras políticas les indigna la contundencia del Gobierno del presidente Nayib Bukele en contra de las pandillas criminales que cometieron una masacre en el último fin de semana de marzo.
Los operativos que surgieron desde el Gabinete de Seguridad para frenar la violencia han generado más de 5,000 detenciones de pandilleros, colaboradores y otros delincuentes. Entre los capturados hay cabecillas de pandillas y peligrosos criminales acusados de cometer múltiples homicidios, pero que dudosas sentencias judiciales los dejaron libres una y otra vez, bajo el pretexto de no cumplir con formalidades, de modo que se imponían los tecnicismos para acelerar su liberación, aunque eso significara poner en riesgo la vida de los ciudadanos que habían decidido dar testimonio de los delitos.
Además, se implementaron medidas drásticas en las cárceles para que los pandilleros detenidos sepan que lo que hacen sus compinches en las calles tiene repercusiones en los penales.
Las reformas aprobadas por la nueva Asamblea Legislativa aumentaron los castigos para los pandilleros y se incluyó juzgar como adultos a delincuentes menores de edad.
Gracias a estas medidas, El Salvador está recuperando la tranquilidad. Hay conciertos, los bares y restaurantes están llenos y la gente puede ir a los parques y centros comerciales sin ningún temor. En los barrios y colonias, los vendedores y repartidores de mercadería agradecen tener más dinero porque no han pagado las extorsiones.
Y no hay ningún ciudadano honrado y decente que lamente que los pandilleros estén detenidos o bajo régimen especial en las cárceles. Al contrario, aplauden estas medidas porque es la única forma de recuperar la tranquilidad y la seguridad en las calles.
Las únicas quejas vienen de los defensores de los pandilleros, tanto nacionales como extranjeros, que consideran que las detenciones son un atentado contra los derechos humanos, pero que callaron cuando estos mismos criminales asesinaban, torturaban y extorsionaban a los ciudadanos.