«¿Qué clase de líder es aquel que quiere ver a delincuentes y no a agentes de seguridad? No se trata del absurdo evidente, sino de las intenciones que podrían estar detrás de una decisión como esta».
El Plan Control Territorial ha logrado disminuir drásticamente la cantidad de homicidios que suceden en el territorio nacional, además de otros delitos.
El éxito del plan se basa en el amplio despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) y de miembros de la Fuerza Armada, que trabajan de sol a sol para dar tranquilidad a los ciudadanos.
A medida que el Estado trabaja en el territorio, los grupos delincuenciales tienen menos margen de acción y buscan otras formas para mantenerse vigentes o, gracias también a la labor de inteligencia de los cuerpos de seguridad, se desmantelan y sus integrantes son enviados a prisión.
Por eso llama poderosamente la atención cuando los alcaldes del FMLN de las zonas fronterizas de Chalatenango se presentan a la Asamblea Legislativa para pedir la intercesión de sus diputados compañeros de partido en el desmontaje de las patrullas formadas por los militares y los policías que vigilan los puntos ciegos en las fronteras.
Los alcaldes aseguran que sus paisanos son intimidados por la presencia militar. Parece que es el único caso de esta naturaleza en todo el país, pues la percepción generalizada es que las autoridades brindan mayor seguridad y tranquilidad. Así ha sucedido en colonias populosas, en barrios tradicionalmente complicados, en ciudades y zonas urbanas en el interior del país. Entonces, ¿por qué los alcaldes del FMLN quieren suspender el despliegue territorial de las fuerzas del orden?
El presidente de la república, Nayib Bukele, lo dijo muy claro: porque parece que están de acuerdo con el contrabando de mercaderías y sustancias ilegales.
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Los diputados del FMLN dicen que el presidente está estigmatizando a los alcaldes al hacerlos ver como narcotraficantes o contrabandistas.
Sin embargo, ¿qué clase de líder es aquel que quiere ver a delincuentes y no a agentes de seguridad?
No se trata del absurdo evidente, sino de las intenciones que podrían estar detrás de una decisión como esta. El crimen en general y el narcotráfico en particular buscan los eslabones más débiles para romper el orden institucional. Una presencia fuerte de militares y policías en los puntos ciegos impedirá que el crimen opere de forma libre en esas zonas.
No se trata de estigmatizar a los funcionarios de elección popular, sino de buscar una explicación a una postura contradictoria. La seguridad y la tranquilidad en las comunidades son condiciones necesarias para cimentar el crecimiento económico. Necesitamos la certeza de que nuestras fronteras estén libres del crimen organizado.
