Más de $16 millones son los que los derechohabientes del ISSS tendrán que pagarle a la empresa International Business and Trade LLC (IBT) en caso de que gane un arbitraje internacional a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), derivado del proyecto de construcción y equipamiento del Hospital Regional de San Miguel, según la directora del ISSS, Mónica Ayala.
El acuerdo complementario de la obra, que según el Gobierno es ilegal por no haber tenido la autorización del presidente de la república o del ministro de Relaciones Exteriores, como lo estipula el artículo 168 de la Constitución, fue firmado en 2017 por la Unops y Ricardo Cea, entonces director del ISSS.
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Entre 2018 y 2019, una serie de reclamos por el proyecto derivó en un arbitraje que involucra a Unops y a la constructora IBT, pero los gastos en abogados corren por cuenta del ISSS, ya que en el acuerdo internacional se establece que el ISSS asume los gastos adicionales, y durante la ejecución del proyecto se compromete a cubrir las consecuencias de cualquier contrato hecho por Unops para la obra.
El proyecto costaría $59,532,503.77, pero, por retrasos en la construcción, incrementó a $83,013,072.93.
Las actuales autoridades del ISSS han expresado su inconformidad por haber sido excluidas del contrato que facilitó esa construcción, porque han solicitado información, pero esta les ha sido denegada por las cláusulas de confidencialidad del convenio.
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«La obra tenía un costo inicial de $59.5 millones; la cifra incrementó hasta $83.6 millones, aproximadamente. La empresa, al ser internacional, quiere que le paguemos el 20 % de impuestos, que suman alrededor de $16 millones y un arbitraje internacional de $17 millones. Nos han excluido de la información. ¿Cuánto seguirá ganando?», ha cuestionado la directora.
