El beneficio de solicitar al Congreso indulto por parte de reos sentenciados, amparándose en la Ley de Ocursos de Gracia, ya no aplicará para quienes paguen condena por los delitos vinculados al terrorismo, o de corrupción malversando fondos públicos, o por arrebatar la vida de ciudadanos honrados, entre otros.
Con 77 votos, el pleno legislativo aprobó ayer el dictamen que remitió la comisión de justicia y derechos humanos para reformar la Ley Especial de Ocursos de Gracia.
Dicha modificación consiste en que quienes han sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicio simple o agravado, feminicidio, delitos sexuales, a la libertad, al sistema constitucional, y a los de la administración pública, ya no podrán solicitar la gracia de indulto conferida por la Asamblea Legislativa.
El dictamen explicaba que se reformaría el artículo 13 de la ley, y a su vez se adicionaba el artículo 13-A, para incluir a los funcionarios que ya tienen una sentencia ejecutoriada por delitos relativos a la administración pública (corrupción), y las personas de las que se demostrase su vinculación con pandillas o cualquier otro grupo terrorista.
El Órgano Legislativo, por mandato constitucional en el inciso 26 del artículo 131, tiene la potestad de otorgar gracia de indulto a un sentenciado por cualquier delito, sin importar la gravedad de este. Con la reforma, para condenados por los delitos antes mencionados ya no se habrá esa posibilidad, y la gracia de indulto solo será aplicable a delitos leves.
Los diputados explicaron que esta reforma va en sintonía con las acciones en materia de seguridad que desde el Ejecutivo se han impulsado, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, aprobados por el 95 % de la población.
Según explicó la diputada Rebeca Santos, presidenta de la comisión de justicia, no es admisible que personas que con lujo de barbarie cometieron asesinatos ahora pidan perdón.
«En los informes que nos envía la Corte Suprema de Justicia leemos cómo en casos de homicidios las víctimas imploraban perdón a sus victimarios. ¿Por qué ahora debemos darles perdón?», cuestionó.
Santos recordó que en la comisión tuvieron el caso del coronel Guillermo Benavides, quien fue sentenciado por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad Centroaméricana José Siméon Cañas (UCA), pidiendo a la Asamblea ser indultado de su pena. En ese momento la comisión acordó emitir dictamen desfavorable a la petición.
Otro aspecto que acotó la diputada Santos es que, si bien es cierto la Constitución avala al Congreso para conceder gracia de indulto, se debe analizar cada caso para determinar si existen condiciones, o que en verdad se ha hecho mérito para ser indultado.
El diputado Samuel Martínez, también miembro de la comisión de justicia, agregó que la actual Asamblea Legislativa reformó el Código Penal para que los delitos relativos a la administración pública no pudieran prescribir aunque haya pasado el tiempo.
«La corrupción ya no prescribe, y ahora ya no se perdona. Hace unos meses aprobamos que los delitos de cuello blanco no van a prescribir en El Salvador», señaló el legislador.
Con la reforma avalada ayer, por casos de pandilleros o miembros de otros grupos terroristas no se podrá enviar al legislativo la petición para recibir indulto, y en similar situación estarán los funcionarios o exfuncionarios que prevaleciéndose de su cargo fueron corruptos en la administración pública.
Romeo Auerbach, diputado de la fracción legislativa de GANA, hizo incapié en que desde la comisión de justicia no puede ni debe entregarse perdón a «personas que asesinaron, que violaron, que aún escuchando a sus víctimas decidían asesinarlas, violarlas».
Cuando la comisión de justicia y derechos humanos asumió sus funciones en la presente legislatura encontró 41 peticiones de indulto sin resolver. Durante 16 meses de trabajo se ha ido eliminando la mora de expedientes, decretando dictámenes desfavorables a las peticiones.
De hecho, en la sesión plenaria de ayer se aprobaron dos dictámenes desfavorables que fueron analizados por la comisión de justicia en sesiones previas.
Para emitir un dictamen la comisión recibe informes técnicos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Criminológico Nacional, y con base a estos se decide.
