En la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) sigue el pleito interno por las irregularidades en el uso y destino final de $573,847.57 de fondos públicos que fueron erogados por el Ministerio de Hacienda como parte de las asignaciones del presupuesto general del Estado de 2017.
Este caso fue presentado por «Diario El Salvador» en su edición impresa y digital el sábado pasado, con base a un reciente examen especial de auditoría que fue practicado por la Dirección de Auditoría Siete de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La aún presidenta de Comures, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán por ARENA y candidata para 2024 a jefa edilicia del nuevo municipio de La Libertad Este, Milagro Navas, se desvinculó ayer del manejo esos fondos públicos y pidió que las investigaciones se centren en Carlos Pinto, quien fungió como director ejecutivo de esa corporación.
«Quien manejaba eso por ley es el director ejecutivo [Carlos Pinto] y su subjefe. A quien tienen que llamar para pedir cuentas [del dinero] es a él. Yo no toqué ni un solo centavo […]. Nunca toqué un solo centavo de la Corporación. Si a alguien hay que llamar para que entregue cuentas, es al director ejecutivo y a sus financistas», expresó Navas en la entrevista Frente a Frente.
Después de esa entrevista y en declaraciones brindadas a varios medios de comunicación, la edil argumentó que nada tuvo que ver en la administración de los $573,847.57, que fueron erogados por el Ministerio de Hacienda en 12 desembolsos mensuales, entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2017.
«Nosotros éramos directores [de Comures]. En ese caso yo voy a decir nombre y apellido: el ingeniero [Carlos] Pinto era el director ejecutivo, él era el que manejaba todo. Yo nunca tuve ni firma, nunca firmé cheques, nunca entré en las finanzas, porque no era mi trabajo, sino que nosotros nos aglutinábamos para trabajar con la información que llevaba. En todo caso, quien tiene que entregar papeles, porque no manejamos papales, es el director ejecutivo», expresó la alcaldesa de ARENA.
A pesar de que la jefa edilicia se desvincula del caso, lo cierto es que el examen especial de auditoría señala -en su página 124- que los cuestionamientos sobre el uso y destino final de los fondos públicos recaen sobre toda la junta directiva de Comures, que incluye a la presidencia, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y primera y segunda secretaría. También abarca para los directores, coordinadores, contaduría y tesorería de esa corporación de alcaldes.
Debido a esta polémica interna, las autoridades de Comures han pedido -según detalla la auditoría- que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza la acción penal y determine si ha existido supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos para no rendir cuentas sobre la administración de esos recursos públicos.
