«Mañana me pasan al otro lado, en cinco días te doy una llamadita», fueron las últimas palabras de David Alexander Jarquín Pineda, hijo de Omar Jarquín, quien decidió emigrar a Estados Unidos de manera indocumentada en 2014.
La violencia de pandillas fue el factor principal para que Jarquín Pineda abandonara el país. Ahora, él es uno de los 342 migrantes salvadoreños desaparecidos que se registran en los últimos años, según el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador.
«Mi hijo temeroso quiso viajar. Como padre le dije que no lo hiciera, pero él siempre tomó la decisión. Hipotequé mi casa para pagar al coyote», cuenta ahora el padre de David, un joven que tenía 24 años cuando emigró. Seis años han pasado y Jarquín continúa buscando a su hijo. No sabe si lo encontrará vivo o muerto, por lo que la incertidumbre lo agobia a diario.
«Irse no es la solución. Si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, se lo diría a mi hijo. El pagar a un coyote $20,000, $5,000 o solo $400 no cambia».
Omar Jarquín, Cofamide
«Han pasado más de 5 años y aún estoy desubicado, porque él me dijo que todo estaba bien, pero hasta esta fecha la incertidumbre me desespera, porque sé que por dinero no fue, llevaba suficiente», relató Jarquín.
De los 342 desparecidos reportados, en los últimos 10 años solo se han hecho 48 identificaciones, de las que solo 13 personas fueron localizadas con vida.
Omar Jarquín sabe que el proceso de búsqueda es lento y su misma desesperación lo llevó al Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), del que es secretario general. En la asociación continúa en la búsqueda de su hijo y ayuda a otras familias que reportan a migrantes desaparecidos. A ellas les brindan asesoramiento, acompañamiento legal y sicológico. Hasta la fecha, han registrado 200 casos de víctimas.
Jarquín asegura que, para las familias, el registro de estos casos es complejo y existen muchas limitantes. Cuando una familia decide abrir un proceso de búsqueda de un migrante desaparecido, solo tiene la opción de ir a Cancillería, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a Cofamide para dar el aviso.
«Se necesita una legislación adecuada para que se haga búsqueda, investigación y reparaciones. Que existan políticas públicas entre países de origen y destino».
Claudia Interiano, Fundación pro migrantes en México
Estas instituciones guardan los datos de las víctimas, la ruta que llevaba el migrante y en algunos casos se toma una muestra de ADN. El banco forense, que se encarga de la recopilación, sistematización, evaluación y unificación de datos de migrantes no localizados, es una de las instituciones que mantiene la toma de muestras.
Sin embargo, tras estas etapas, las familias solo deben esperar días, meses o años como el caso de Jarquín.
«Esto no es que se perdió ayer y al día siguiente lo encuentra. He entendido que es un proceso y que de 10 a 12 años se están encontrando los cadáveres», contó el padre de David.
Para Claudia Interiano, representante de El Salvador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en México, el tema de desaparición forzada de migrantes se ha convertido en una naturalización para la búsqueda, por lo que ve necesaria la coordinación entre instituciones de los distintos países afectados por la migración para brindar una adecuada atención a las familias de víctimas.
Diferentes organismos consideran que la falta de empleo, la violencia en sus diversas modalidades y otros son los principales factores que obligan a las personas a emigrar, por lo que han optado por apostar al autocuido de los migrantes.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) asesora a familias de víctimas migratorias, apoyan en el autocuido a través del contacto directo con posibles migrantes; y envían consejos y mensajes de autocuido por medio de WhatsApp.
