Observando algunas postales de la marcha del pasado domingo, despertó mi atención una que vi en las redes sociales y rezaba estar en contra de la reforma de pensiones. Esa imagen, en particular, contradice las consignas en pro de las grandes mayorías, ya que está de más decir que el sistema actual no funciona como se esperaba y que por eso tuvo que existir una re-reforma en 2017, que se encuentra en crisis y que el menos beneficiado en todo este embrollo ha sido el cotizante. Por eso, una reforma no solo es necesaria, sino urgente.
El modelo de administración del fondo de pensiones (AFP) nace en Chile y fue instaurado en los años de la dictadura de Pinochet. Este modelo consiste en que los ciudadanos depositan sus ahorros de jubilación en cuentas individuales, que son manejadas por entidades privadas del sector financiero. El rendimiento de esos fondos determina el monto de la pensión a que cada individuo tiene derecho cuando llega el momento de su jubilación. A pesar de ser la cuna de dicho modelo, miles de chilenos han salido a las calles a manifestarse en contra de las AFP. En más de una ocasión, debido al bajo monto que reciben al jubilarse.
En 1996 se aprobó en El Salvador la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), entró en vigor en abril de 1998, durante el Gobierno del Dr. Armando Calderón Sol y sustituyó al Sistema Público de Pensiones (SPP), que estaba conformado por el ISSS, para los empleados del sector privado; el INPEP, para el sector público, y el Ipsfa, que administraba la previsión social de la Fuerza Armada, con la excusa de modernizar el manejo del sistema de pensiones, bajo la responsabilidad del sector privado, y liberar al estado de una carga fiscal.
En el país, uno de los puntos que mayor debate ha generado es la desigualdad de género, y así como fue diseñada dicha ley, las mujeres recibirán pensiones menores con respecto a las de los hombres, dejando en evidencia las fallas del mercado laboral, así como la discriminación salarial e institucional que afecta a las mujeres.
En 2017 se hizo una re-reforma, la cual benefició principalmente a las AFP y al Gobierno de turno, que utilizó parte de los fondos de manera provisional. La reforma aumentó en un 1 % el aporte mensual, tanto del empleador como del empleado, además de que bajó la aportación de este último a su cuenta individual al 8.1 %.
La Fundaungo, en un estudio del año pasado, hizo recomendaciones de una reforma que atienda la brecha de género, la implementación efectiva de multifondos y la puesta en marcha del comité actuarial, pero, sobre todo, la posibilidad de la creación de una AFP pública que en realidad compita con el duopolio existente.
Una reforma que cale en un beneficio real de nuestras pensiones no solo es urgente, sino una deuda pendiente de los dos gobiernos anteriores, por lo que me parece incongruente que sectores populistas defiendan un sistema que tiene su origen en una real dictadura.
