Ante las medidas impulsadas por el Gobierno de El Salvador para recuperar el control de las comunidades y llevar paz a las familias, diferentes sectores y entidades se han pronunciado para atacar las disposiciones, se han expresado a favor de que los criminales capturados sean tratados con condescendencia y señalado supuestas violaciones de derechos humanos.
«Ha quedado claro quiénes son los socios de los pandilleros», publicó el presidente de la república, Nayib Bukele, en Twitter el domingo pasado, ante las declaraciones de diferentes organismos sobre las medidas que se implementan en El Salvador.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que expresaba su «preocupación» por la decisión de decretar estado de excepción ante el repunte de homicidios ocurrido el 26 de marzo pasado.
El presidente Bukele lamentó que en el comunicado no se mencionó a las víctimas de los asesinatos, más bien se acusó a El Salvador de violentar los derechos humanos de los pandilleros.
El mandatario expresó que diversos sectores han salido en defensa de las pandillas y afirman que lo hacen por los derechos humanos, pero no defienden la vida de los salvadoreños afectados por la ola de violencia.
Financistas preocupados
El mandatario salvadoreño expuso públicamente a parte de los financistas de los grupos delictivos en el país y la preocupación que tienen por las medidas adoptadas.
«Todos han salido a defenderlos: Financistas, narcos, políticos y jueces corruptos, ONG de derechos humanos, comunidad internacional, la CIDH, periodistas y medios de Open Society, etcétera. Se quitaron la máscara», mencionó el gobernante.
Los sectores señalados son los que principalmente han manejado un discurso de acusaciones contra el Gobierno y afirman que las medidas adoptadas violentan los derechos humanos y adquieren un tinte restrictivo.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es uno de los organismos que muestra su rechazo; sin embargo, la misma OEA, en 2012, respaldó la iniciativa del expresidente Mauricio Funes de promover una tregua entre el Gobierno y las pandillas.
En ese año, fue el propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien viajó a El Salvador para un evento en el que cabecillas de las principales pandillas supuestamente iniciaron un proceso de desarme como acto de buena fe por la tregua.
«No hay duda de que arreciarán sus ataques a medida que sientan que pierden su brazo armado. Vendrán condenas, noticias falsas desde sus medios, demandas internacionales, financiamiento del terrorismo, etcétera. Pero si Dios y el pueblo están con nosotros, ganaremos», añadió Bukele.
El país lleva 10 días con régimen de excepción y los resultados han sido favorecedores, con más de 6,000 pandilleros capturados y enviados a penales de máxima seguridad.
