Solo uno de cada 10 migrantes enviados de regreso a México a través del programa Quédate en México, conocido también como Protocolos de Protección a Migrante (MPP, siglas en inglés), ha podido reingresar y solicitar asilo en Estados Unidos, a casi dos meses de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara su finalización el 8 de agosto, informó el director de Políticas Sénior de American Immigration Council, Aaron Reichlin-Melnick.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, siglas en inglés) indican que durante la administración de Joe Biden se inscribieron cerca de 12,000 personas al MPP, pero hasta la fecha, desde el anuncio de su culminación, solo 700 casos han sido admitidos para ser procesados en el país norteamericano.
El periodista de la cadena de televisión CBS News, Camilo Montoya, informó a través de su cuenta de Twitter que otros 400 casos de migrantes fueron cancelados por otras razones, «incluidos los que estaban bajo custodia cuando finalizó el programa y los que solicitaron la cancelación anticipada».
También compartió que los únicos que serán elegibles para el proceso de admisión serán los que se inscribieron a partir de la era de Biden y no en la de Donald Trump, donde hubo cerca de 71,000 peticionarios.
El MPP fue lanzado en 2019 por el republicano Trump como parte de su política cero tolerancia con la finalidad de que las familias que acudieran a Estados Unidos por un asilo esperaran su procedimiento en México.
Dos semanas después de que se anulara el programa, la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) visitó la frontera entre Estados Unidos y México en Harlingen, Brownsville, McAllen y Laredo, Texas, y señaló que el proceso ha sido un desastre y que solo pone en riesgo a las personas que buscan protección.
La comisión recomendó transportar a los migrantes de forma más rápida a cualquier punto de entrada de Estados Unidos, así como presentar los formularios de cambio de sede y dirección en la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, siglas en inglés) para reanudar sus audiencias judiciales de inmigración en sus destinos finales. Además de proporcionar intérpretes por el idioma y más seguridad.
También aconsejó desmantelar los tribunales instalados en carpas durante la era Trump en Laredo y Brownsville. «El Departamento de Seguridad Nacional no debería prolongar ni un día más las violaciones de los derechos humanos y los problemas del debido proceso que el programa causa a los previamente inscritos», llama en su documento.
La revista estadounidense Time publicó que desde diciembre de 2021 un 88 % de los solicitantes perdió sus casos en los tribunales y recibieron órdenes de expulsión de Estados Unidos. El 85 % de ellos fue porque no se presentaron en la fecha establecida en los tribunales, una dificultad que señalaron abogados de inmigración a la revista cuando las personas no pueden viajar de manera segura desde México a los puertos de entrada de Estados Unidos.
