Ex presidentes de la República, exprimeras damas, exministros, exviceministros, exsecretarios y otros funcionarios de las administraciones de ARENA y el FMLN; también exmagistrados, exdiputados y exalcaldes han sido condenados o están en procesos judiciales por enriquecerse ilícitamente, delito que entre el 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021 acumulaba 19 casos iniciados por la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Una de las más recientes sentencias condenatorias es la emitida por la Sala de lo Civil contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, por enriquecimiento ilícito y debe devolver al Estado $230,863.77.
La Unidad Anticorrupción promovió el juicio civil por irregularidades en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, cobros de seguros de vida y así como un bono de retiro de la carrera judicial, todo pagado con fondos de la Corte. En el caso de su esposa, la suma era de $10,000 por la compra de un vehículo que pudieron comprobar el origen de los fondos.
Sobre la última irregularidad de García Calderón, los fiscales expusieron en audiencia que el expresidente pidió el retiro voluntario de la carrera judicial y beneficiarse con un bono de $28,283.64, pese a que no tenía derecho ya que tramitó ese bono el mismo año que terminaba su período por el cual fue elegido como magistrado.
El ministerio público señaló que el exmagistrado debió seguir su proceso de jubilación apegándose a los requisitos que establece la Ley de la Carrera Judicial. Al recibir el bono hizo fraude de ley ya que los fondos salieron de la Tesorería institucional de la CSJ.
Entre las irregularidades comprobadas están el haber percibido $28,283.64 en concepto de bonificación por «retiro voluntario» de la carrera judicial, cuando no le correspondía. Depósitos mensuales en cuentas bancarias por montos superiores a los percibidos en concepto de salarios y gastos de representación y que en total ascendieron a $70, 944.62.
De igual forma, depósitos realizados después del período de funciones como presidente de la CSJ, cuya cantidad fue de $81,006.76, y la compra de cuatro vehículos por $58,500, luego de dejar la Presidencia de la Corte.
Expresidente Saca debe devolver $4.4 millones
El 5 de enero de 2021, la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador encontró culpables por enriquecimiento ilícito al expresidente de la república, Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco, quienes deben devolver al erario $4,482,307.53.
Los magistrados concluyeron que Saca y Mixco no pudieron explicar la procedencia del dinero, lo cual reflejó un evidente incremento patrimonial no justificado. Por lo tanto, deben reintegrar $3,892,698.71 en el caso del expresidente, mientras que su esposa debe devolver $589,608.82.
Otro que se enriqueció sin justificación es el exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado, por más de $240,000.
La última demanda presentada por la Fiscalía por este ilícito fue a inicios de febrero contra Eduardo Alfonso Linares, a quien acusa de enriquecerse ilícitamente por el monto antes señalado.
Linares fungió en el puesto entre julio 2009 a septiembre 2011 durante el gobierno del expresidente prófugo, Mauricio Funes, quien también fue condenado en por ese mismo delito.
Según la Fiscalía, el exfuncionario presentó un incremento patrimonial de $ 248,598 del cual no pudo justificar su legítima procedencia ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con las investigaciones, Linares habría pagado sus tarjetas de crédito, compró inmuebles y efectuó depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, sin que se determinara el origen del dinero. En la acusación también se ventiló el patrimonio de uno de sus hijos, Douglas Eduardo Córdova, quién presentó un incremento patrimonial injustificado por más de $22,000 en el mismo periodo. En estos casos de enriquecimiento ilícito, de ser condenados, los funcionarios no pueden volver a ejercer en cargos públicos por 10 años y deben devolver lo robado al Estado.