El Ejecutivo envió ayer a la nueva Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos para que comience a ser discutido por los diputados y que sea aprobado como ley en un plazo no mayor a 90 días.
Los anteriores diputados tuvieron desde el 2006 al menos tres proyectos de ley del agua que fueron presentados por organizaciones sociales o gobiernos de turno, pero luego de 15 años no fueron aprobados.
El anteproyecto enviado por el Ejecutivo a través del ministro de Medio Ambiente, Fernando López, consta de 164 artículos, y en el primero, el Estado salvadoreño reconoce «al agua y al saneamiento» como derechos humanos y se compromete a «garantizar, sin discriminación alguna, el goce efectivo del derecho humano al agua potable y saneamiento a su población».
Asimismo, declara de «utilidad pública y de interés social» todas las obras y proyectos que el Estado realice para conservar, proteger, mejorar y aprovechar los recursos hídricos en El Salvador. La instancia rectora, encargada de hacer el registro nacional de recursos hídricos y autorizar los cánones por el uso del agua será la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA); estará constituida por un presidente, nombrado por el mandatario salvadoreño, y una junta directiva, que será un órgano político colegiado que tomará las decisiones estratégicas en relación con el tema del agua.
La junta directiva estará conformada por 11 integrantes: el presidente de ASA; siete representantes de igual número de carteras de Estado, incluido Medio Ambiente, Gobernación, Obras Públicas y Turismo; un representante de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento; un representante de las universidades públicas y privadas acreditadas en el Ministerio de Educación, y un representante de la sociedad civil.
El ministro de Medio Ambiente dijo que el anteproyecto quita toda posiblidad que el agua sea privatizada.
Con esta ley, las aguas para uso doméstico o común tienen «uso prioritario» y «su uso no puede ser supeditado ni condicionado a cualquier otro uso». Además, contempla infracciones muy graves, graves y leves por el mal uso de los recursos hídricos. Las muy graves serán multadas hasta con $3 millones; las graves con $300,000 y las leves con $30,000.
«Nos satisface darle cumplimiento a un mandato del presidente Nayib Bukele de solventar una deuda histórica con la población desprotegida, que ha sufrido la falta de una ley del agua».
Javier Argueta/Asesor jurídico de la Presidencia de la República
«Vamos a formar una comisión ad hoc para que se dedique exclusivamente al estudio de este tema. En los próximos tres meses vamos a trabajar para garantizar el derecho al agua a los salvadoreños».
Ernesto Castro/Presidente de la nueva Asamblea Legislativa