Guatemala, el país más letal de Centroamérica a causa de la COVID-19, subió su tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes a 74.3.
El país ya perdió a 13,061 ciudadanos desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.
Ahora, el 88.2 % del territorio nacional está en alerta roja ante la proliferación de casos que no cesan desde un rebrote detectado en abril. Este es un acelerado ascenso de fallecidos, pues el 1° de septiembre el Ministerio de Salud reportó 12,007 defunciones y 18 días después, la cifra se elevó a los 13,040 víctimas mortales.
A finales de agosto, las autoridades de salud presentaron su proyección de fallecidos, el cual indicó que para octubre las muertes se duplicarían hasta alcanzar las 25,000 personas fallecidas por la COVID-19.
El sombrío ambiente continuará por lo menos dos semanas más, pues de acuerdo con la publicación de la ley de emergencia nacional en el Diario Oficial, la compra de medicinas e insumos para los hospitales ya desbordados con pacientes con coronavirus, no se podrá efectuar hasta tener un reglamento de parte de las autoridades que regule las transacciones y formas de adquirir los suministros.
La norma entra en vigencia mañana. Sin embargo, el documento en el Diario Oficial indica que «las entidades sujetas a la presente ley deben emitir, en un término máximo de 10 días hábiles a partir de la entrada en vigor del reglamento, los manuales y disposiciones necesarias para agilizar la contratación» de insumos médico, plazos y prelación de pagos.
El hospital temporal Parque de la Industria desde principios de septiembre informó que no admitiría a más pacientes con la COVID-19 debido a la saturación.