«El Salvador ha tenido en años anteriores una Asamblea que no abonaba a los intereses del pueblo», según la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, quien, además, destacó que el poder legislativo tiene la obligación de responderle al pueblo.
«Nosotros los funcionarios tenemos la obligación de actuar si conocemos actividades ilícitas. Debido a que la utilidad pública no está exenta a verificarse, ya que las instituciones públicas deben de registrar su gasto para que todo sea conforme a la ley», dijo Callejas.
Asimismo, se refirió a la aprobación que se realizó, ayer, en la última Sesión Plenaria Ordinaria, en la que se aprobó el desembolso de $100 millones por el Ministerio de Hacienda, para realizar proyectos en las 262 alcaldías del país, en concepto de Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).
«Ayer se aprobó una solicitud del Ministerio de Hacienda para entregar $100 millones a las alcaldías para cubrir sus gastos, debido a que las alcaldías tienen un trabajo difícil, pero administrarán de la mejor manera los recursos, a comparación de las administraciones anteriores», dijo Callejas.
Además, la diputada detalló que son deudas heredadas con las que se esperan pagar parte de la planilla.
«El 25 % del FODES podría ser utilizado para el pago de planilla. Las deudas heredadas complican la realización de proyectos en beneficio de las personas, por lo que se están investigando los fondos que fueron aprobados en el pasado», aseguró la congresista.
Callejas desatacó que las instituciones del Estado están obligadas a registrar todos sus gastos, para probar en qué obras se usaron los fondos.
«Somos un país en vías de desarrollo y cada centavo es importante para nuestro Presupuesto, sin embargo, en el pasado de utilizó para el enriquecimiento de unos pocos», aclaró Callejas.
El Ministerio de Hacienda investigará el destino que se dio a los $191.7 millones que fueron otorgados para el manejo de la pandemia de COVID-19 a las alcaldías.