José María Tojeira, sacerdote y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), atacó a través de sus redes sociales a jueces especializados y al procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar; quienes con su trabajo y apegados a las leyes han respaldado la medida del régimen de excepción, que ha permitido sacar de las calles a miles de pandilleros en el último mes.
Las pandillas MS y P-18 eran las responsables en El Salvador de múltiples crímenes y de mantener atemorizadas a las comunidades asesinando personas y cobrándoles una cantidad económica a comerciantes, mayor a sus ganancias, en muchos casos, según lo han determinado diversas investigaciones por parte de las autoridades de Seguridad.
«En general y también en particular: un Procurador general que acepte que durante un estado de excepción los detenidos no tengan derecho a la defensa, ni es buen Procurador ni es fiel a la Constitución», publicó Tojeira.
«Hay que decir lo mismo de los jueces que acepten ese desafuero», escribió Tojeira a través de su cuenta de Twitter, abogando a que los detenidos, en su mayoría pandilleros puedan defenderse.
El procurador de los Derechos Humanos, a pesar de las críticas de la oposición social y diversas oenegés de la «sociedad civil» que dicen velar por los derechos humanos, pero que poco o nada se han expresado cuando hubo matanzas como la de 62 personas el 26 de marzo anterior, esta vez ha reiterado su postura, asegurando que la institución que dirige, «trabajará del lado de las víctimas y no de los delincuentes».
Bajo ese contexto de protección a las víctimas y no a delincuentes, el procurador Tobar ha indicado a las autoridades estatales, la importancia de ejecutar las facultades legales, que provee el régimen de excepción, con un enfoque de respeto a los Derechos Humanos, de acuerdo como lo establece la Constitución de la República y los estándares internacionales de derechos humanos y los protocolos de actuación que en este contexto se han creado.
Avalado por más de tres cuartas partes de los diputados de la Asamblea Legislativa, el régimen de excepción entró en vigor en el país el 27 de marzo luego de una matanza de más de 80 personas en un solo fin de semana, y ha permitido prescindir de cuatro garantías constitucionales, con el fin de enfrentar al flagelo de las maras responsables de miles de muertos y de personas desaparecidas.