Tras darse a conocer la resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de revocar la resolución del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador y la Cámara Tercera de lo Penal con lo cual se frena y se archiva el proceso penal en contra de los acusados de ser los autores intelectuales de la masacre de los jesuitas, las voces en desacuerdo con tal resolución no se han hecho esperar.
El ex rector de la UCA, José María Tojeira, asegura que la resolución fue recibida como un baldazo de agua fría y que obedece a una decisión de dos magistrados corruptos.
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«Estos dos magistrados de apellidos Bolaños y Argueta realmente se han comportado como jueces corruptos al reafirmar una decisión corrupta de hace casi 20 años. Estos dos magistrados son sumamente ignorantes… Son dos magistrados que han tenido actuaciones de dudosa legalidad, de las que no han salido inculpados», aseguró el padre.
Tojeira agregó que ambos magistrados han sido acusados de estafa, y falso testimonio, «otros de ventas contrarias a la ecología, y a las necesidades ecológicas del país, de unas formas un poco oscuras», afirmó Tojeira.
Para el abogado del Idhuca, Arnau Baulenas, la sentencia de la Sala de lo Penal vulnera la resolución de la Sala de lo Constitucional que establecía que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no prescribían.
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«Lo que ha ocurrido aquí es una clara desobediencia a lo que en su día ordenó la Sala de lo Constitucional y era que estos crímenes no prescribían, tenemos que preguntarles a los señores magistrados de la Sala de lo Penal porque decidieron que en el caso de la UCA sí que prescribían. Definitivamente esta es una resolución que no obedece a criterios jurídicos», apuntó Baulenas.
Con respecto a la prescripción del crimen, el abogado defensor de los militares, Lisandro Quintanilla asegura que el crimen contra los jesuitas son delitos que ya prescribieron, porque no son delitos de lesa humanidad, y que son asesinatos tal cual lo expresa el Código Penal de 1974, que es el que estaba vigente al momento que se cometió el delito.
«Ganamos el caso, anularon la sentencia de apelación que confirmaba lo actuado por el juez tercero de Paz al reabrir un caso fenecido y prescrito», afirmó Quintanilla.
