Con el régimen de excepción, el Plan Control Territorial obtuvo las herramientas legales para enfrentar de manera contundente y frontal a las pandillas. Por décadas, y bajo la negligencia y la complicidad de administraciones anteriores, el crimen creció en El Salvador y las organizaciones criminales controlaban directamente el país.
Las exitosas políticas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele permitieron que los salvadoreños conocieran, por primera vez en la historia, la paz y la tranquilidad. Con más de 80,000 integrantes y colaboradores de las maras enviados a prisión, las familias recuperaron los espacios comunes, pero también la seguridad y la libertad de tránsito y de emprendimiento. Gracias al régimen de excepción, los homicidios se han desplomado y, con ellos, muchos más delitos violentos, como extorsiones, robos y agresiones. Sin embargo, todavía hace falta mucho trabajo por hacer. Este fin de semana hemos conocido de una pareja cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en su propia casa. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el doble crimen.
Otros homicidios reportados por las autoridades han sido resueltos por la Policía y la Fiscalía en poco tiempo. Debido a la reducción de casos, los investigadores pueden dedicarse de lleno a esclarecer los delitos, algo que en el pasado era imposible debido a que cada investigador tenía decenas de crímenes a su cargo.
El régimen de excepción también resulta útil para combatir la impunidad que surge de leyes que todavía garantizan los derechos de los delincuentes, como el caso de un hombre que fue captado por cámaras del sistema de videovigilancia intentando asesinar a puñaladas a su pareja, pero que fue liberado por un juez debido a que la víctima se declaró no ofendida.
Gracias al régimen de excepción, este criminal fue recapturado y será procesado ante otro juez por homicidio imperfecto, un delito que no requiere la denuncia de la víctima.
Los ciclos de violencia en una pareja someten a las mujeres a constantes vejaciones y van más allá de la condición social de los individuos, como vimos con estupor este fin de semana, con el expresidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández, cuya expareja lo acusó de violencia intrafamiliar, presentando para ello fotografías de los moretones que el izquierdista le provocó cuando aún estaban en la Casa Rosada, la sede del Gobierno argentino.
En El Salvador, ningún delito violento, homicidios o agresiones contra las mujeres, quedará en la impunidad. Hay un compromiso del Gobierno y de las autoridades de seguridad para combatirlos.