Representantes de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (TRACODA) presentaron en la Asamblea Legislativa dos solicitudes de reforma a la Ley de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para fortalecer el trabajo de contraloría que la institución ejerce ante las demás instancias estatales.
Las solicitudes de enmienda contemplan la creación de un registro de personas sancionadas para que dicha información esté al alcance de la población, además establecen plazos para que la Cámara de Segunda Instancia de la CCR resuelva recursos de apelación y revisión
«En este momento la ley no contempla plazos y los magistrados pueden tardar hasta 10 años resolviendo los diferentes recursos que los ciudadanos interponen, creemos que es importante delimitarlos para que haya pronta y cumplida justicia», dijo Carlos Palomo, director de TRACODA.
En las peticiones de enmienda se establece un período de dos años para que la CCR resuelva las sentencias además de dar un plazo de 15 días para la presentación de recursos de apelación y seis meses para el de revisión de las resoluciones.
TRACODA además solicitó una modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en sentido que se divulguen cada tres meses los datos estadísticos y de cumplimiento de las sentencias que resuelven las cámaras de primera y segunda instancia de la CCR.
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Según Palomo, lo que se busca con las iniciativas de reforma es que la ciudadanía acceda fácilmente a esos datos para ejercer contraloría sobre el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto al cobro de las multas que impone la CCR.
Las reformas presentadas por TRACODA recibieron el respaldo de Leonardo Bonilla, diputado no partidario quien consideró que son congruentes con la necesidad de combatir la corrupción y colaborar con la transparencia.
«Estas tres reformas buscan que la Corte de Cuentas tenga más armas para combatir la corrupción en una lista aquellos funcionarios procesados en juicios de cuentas además reducirá la mora en estos procesos»
El legislador además sostuvo que de aprobarse las modificaciones solicitadas no solo se agilizarán los juicios de cuentas sino también impedirán la prescripción de posibles delitos de corrupción.
Bonilla además informó que prepara una propuesta de reforma a la Constitución de la República para que la elección de funcionarios de segundo grado, entre ellos, magistrados de la CCR se decida por mayoría calificada (56 votos) en la Asamblea Legislativa.
