Este sábado, el presidente Nayib Bukele convocó al Gabinete de Seguridad y a la recién electa procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero, para analizar acciones que se deben tomar para continuar con el combate a la delincuencia, en el marco del respeto de todas las leyes.
La guerra contra las pandillas ha logrado la detención de más de 55,000 integrantes y colaboradores de las estructuras criminales y terroristas. El presidente Bukele ofreció total apertura a la nueva procuradora para vigilar que en todo el proceso, desde la captura hasta la emisión de sentencia y cumplimiento de penas, pueda verificar el pleno respeto a los derechos humanos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) surgió como institución como parte de los arreglos entre ARENA-FMLN tras la firma de los Acuerdos de Paz.
El anterior procurador, Apolonio Tobar, y sus homólogos de América Latina visitaron las cárceles de máxima seguridad y comprobaron el cumplimiento de los derechos humanos a todos los reos, lo que desvirtúa la campaña internacional de desinformación que promueven los activistas de la oposición, quienes están en contra del régimen de excepción porque ha afectado sus intereses con las pandillas.
La total apertura del Gobierno hacia la auditoría que un ente independiente del Ejecutivo lleve a cabo hacia los procedimientos para erradicar la delincuencia y las organizaciones terroristas es una muestra de la transparencia para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Caballero fue electa procuradora con mayoría calificada el viernes pasado. No es novata. Ya ha sido procuradora, electa por ARENA-FMLN y sus aliados, quienes avalaron su gestión, pero que ahora se negaron a apoyar.
Ella será la responsable de emitir informes sobre las condiciones de los detenidos en el marco de la guerra contra las pandillas. Tendrá acceso a los centros penales para constatar alimentación, condiciones de la infraestructura y atención médica, lo que demuestra que no son ningún campo de concentración, al estilo de Guantánamo, donde los detenidos no tienen ningún derecho y son sometidos a tortura, conforme han denunciado organizaciones internacionales y otros gobiernos.
Continuar la lucha frontal contra los pandilleros es un esfuerzo permanente del Gobierno del presidente Bukele, que sigue rindiendo frutos, como el reciente decomiso de un arsenal de la MS-13, conformado por fusiles de grueso calibre, lanzagranadas y munición. A pesar de las más de 55,000 detenciones, hay cabecillas de estas estructuras criminales que todavía no han sido capturados, pero las autoridades llevan a cabo todas las investigaciones y los patrullajes para detenerlos.
Esa labor se completará gracias a las herramientas legales autorizadas por el régimen de excepción y el trabajo incansable de policías, militares, fiscales y jueces.