El empresario de transporte, Manuel Enrique Peña Durán, acusado del delito de defraudación en modalidad de evasión de impuestos acordó ante el Juzgado Segundo de Instrucción pagar $145,134.18.
Cuando el imputado fue detenido el 3 de junio del año 2022, las autoridades informaron que había evadido $1,304,287.12, pero en el Juzgado Segundo de Instrucción consta que son más de $145,000.
El compromiso del procesado es que en un plazo de ocho meses cancelará por cuotas el dinero defraudado al fisco, por lo que en mayo del año 2023 la jueza de la causa realizará la audiencia preliminar para determinar si ha cumplido con lo acordado.
Peña Durán, fue detenido por agentes de la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC) mediante una orden que giró la Fiscalía General de la República.
La PNC y la Fiscalía, allanaron la empresa Transportes Peña Revelo S.A. de C.V., de la que el imputado es el representante legal con el fin de incautar documentación vinculada al delito acusado.
«No vamos a permitir que ningún tipo de crimen quede impune, esos tiempos quedaron atrás, seguiremos trabajando por un sistema judicial verdaderamente justo», publicó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, el pasado 3 de junio.
El pasado 7 de junio, el transportista enfrentó una audiencia inicial por evasión de impuestos y el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador le otorgó medidas alternas a la detención y quedó libre luego de pagar una fianza de $250,000.
Pero el 21 del mismo mes, el ministerio público giró nueva orden de captura al empresario y lo señaló de integrar una red de nueve personas vinculada a delitos de corrupción y crimen organizado.
Según el ministerio público, esa red infiltró en gobiernos anteriores la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y entre los procesados hay miembros de la Mara Salvatrucha, exempleados de la autónoma y Peña Durán.
