Mi adolescencia y juventud la viví durante el conflicto armado, nadie me ha contado la historia. Llegó un momento en el que nadie podía influenciar sobre mi pensamiento porque los adultos siempre estaban a favor de una de las partes en conflicto. Unos supuestamente eran los buenos y otros los malos. Los años se encargarían de demostrar que tanto la exguerrilla del FMLN y el ejército y sus mandos políticos y estratégicos cometieron graves afectaciones a la población y al país, se dejaron infundir el odio por parte de sus dirigentes, se desviaron profundamente de sus objetivos y muchos fueron utilizados, engañados y manipulados para continuar en un conflicto armado que fue tan real que dejó más de 70,000 asesinados y más de 7,000 desaparecidos, graves daños en la economía, infraestructura y productividad, y las masas de ambos lados odió a sus semejantes.
En el terreno y batalla no hubo ganadores ni vencidos. Nadie puede atribuirse una victoria por la vía armada; fue la presión de la comunidad internacional y el retiro del apoyo de los países que estaban financiando el conflicto que obligó a ambas partes a nombrar representantes para lograr un acuerdo y cumplir las órdenes que se tomaban en otros niveles. Las dirigencias, los líderes y mandos lograron beneficiarse de ser parte de esas rondas de negociación. Ninguno de ellos ha muerto en la pobreza, o en pleno 2022 no tienen patrimonio. Por el lado de la exguerrilla muchos ni estudiaron y 30 años después nos hemos dado cuenta de que no solo se beneficiaron de dichos acuerdos, les regalaron títulos académicos, se hicieron políticos y finalmente por medio de la corrupción y el poder se enriquecieron ilícitamente. En el otro equipo, muchos empresarios de gasolineras, de medios de comunicación, importadores de carnes, embutidos y lácteos, empresas de consultoría y asesoría.
Ese acuerdo, además de beneficiar a grupos minoritarios, logró que los fusiles de esa época ya no disparan un tiro más, pero los excombatientes del FMLN y los veteranos de la Fuerza Armada 30 años después siguen reclamando ayuda, promesas incumplidas, están gravemente enfermos física y mentalmente, muchos murieron en la espera de que sus mandos y los políticos les cumplieran. Las familias de las víctimas siguen esperando conocer la verdad, que se les diga dónde están los cuerpos de sus familiares, reclaman justicia.
A los poderes de aquel momento, a los firmantes, a la clase política, a los funcionarios de los gobiernos anteriores no les interesó resolver las causas que dieron origen al conflicto en la década de los sesenta y profundizados en los setenta; se intentó resolver la lucha política ideológica, y fue el énfasis. El legado que dejaron fue la falta de justicia, la impunidad, ausencia de depuración de los jueces, corrupción, repartición del poder político, su involucramiento con el crimen organizado, el desmantelar todo el aparato de seguridad y dejarlo disponible a la delincuencia, el no brindar un presupuesto digno y relevante a la naciente Policía Nacional Civil, no desmontar el modelo económico y social por no afectar a los grupos económicos, no lo quisieron ni siquiera platicar porque había temor de oponerse al poder. ¿Cómo van a modelarle a la sociedad una cultura de paz y sana convivencia si nuestra clase política no es modelo, ni referente? Y qué decir de más de 110,000 homicidios desde 1992 hasta 2019 en «tiempo de paz», que dejó la herencia de delincuencia, crimen organizado y pandillas.
Se han cumplido 200 años de república, como Estado salvadoreño debemos resolver y atender a las víctimas del conflicto armado, y las posteriores, hasta la actualidad. Se requiere inversión social extraordinaria inédita, renunciar a la cultura de violencia y de venganza, trascender a una cultura de paz y sana convivencia, la resolución alterna de conflictos y, sobre todo, que tratemos con amor al más próximo.
