Romeo Vásquez, quien era el jefe de las Fuerzas Armadas ese año, y los otros dos generales comparecen ante un tribunal capitalino en una audiencia reservada, en la cual se debe resolver si sigue adelante el proceso contra ellos o si son absueltos. Los tres están detenidos desde el domingo.
Vásquez denunció una «persecución política» en su contra, pero la oficina en Honduras del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos afirmó que esta causa constituye «un avance» en «el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad».
Manifestación afuera del juzgado
En esta «audiencia inicial» debe «decidirse si se dicta o no auto de formal procesamiento» contra los tres militares retirados, explicó a la AFP el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Con «una mínima carga probatoria», el tribunal ordenará proseguir con el juicio a los generales, agregó el vocero.
Ellos son «supuestos responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves» a Isy Obed Murillo (muerto a los 19 años) y Alex Zavala, respectivamente, según la acusación de la Fiscalía.
Ambas víctimas participaban el 5 de julio del 2009 en una manifestación -reprimida por el ejército- contra el golpe cívico-militar que había sacado del poder una semana antes a Zelaya, esposo de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro.
Los tres altos oficiales fueron trasladados al juzgado bajo fuertes medidas de seguridad desde la Penitenciaría Nacional, 27 km al norte de la capital.
Los otros dos son los generales Venancio Cervantes y Carlos Puerto.
Decenas de manifestantes oficialistas se congregaron frente al tribunal para exigir condenas para los militares. También acudió al lugar una quincena de parientes y oficiales retirados en solidaridad con los encausados.
«Que pague lo que debe»
La familia de Murillo espera una condena contra Vásquez.
«No queremos que salga absuelto ni que vaya ciudad por cárcel [medida sustitutiva de prisión]. No, no, nada de eso, que pague lo que debe», dijo a la AFP David Murillo, padre del joven muerto.
Sin embargo, la esposa del general, Lícida Zelaya, dijo a los periodistas afuera del tribunal que los tres militares son «inocentes».
«Necesitamos saber quién es el verdadero culpable» para que «se haga justicia, no solo para los tres generales sino para Isy Obed», indicó la esposa de Vásquez, quien no es familiar del expresidente Zelaya.
La mujer sostuvo que estos generales son «presos políticos», llevados ante la justicia «al estilo del régimen de Venezuela» que encabeza Nicolás Maduro.
La denuncia contra los generales fue presentada hace años por la oenegé Cofadeh, pero fue reactivada ahora por el nuevo fiscal general, Johel Zelaya, quien es afín al gobierno, según la oposición, aunque no es familiar del exmandatario.
Según la oposición, este proceso es una «persecución política» emprendida por el fiscal.
