El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor informó que ha iniciado diez procedimientos sancionatorios contra empresas que obstaculizaron procesos de obtención de información, vigilancia e inspección de la institución reguladora, o se negaron a compartir datos durante investigaciones por incremento injustificado de precios.
Los proveedores involucrados son un supermercado y varios comercios de productos lácteos, fertilizantes, insumos agrícolas e insecticidas, los cuales, al evadir sus obligaciones legales, se exponen a multas de hasta 500 salarios mínimos.
De acuerdo al comunicado oficial, el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, presentó las denuncias al tribunal en el marco de la Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos.
«Tanto el alza injustificada de precios como negarse a entregar información u obstaculizar inspecciones son sancionadas. A los proveedores les fue requerida información relativa a productos importados, inventarios, compras y ventas, hasta finalizar la comercialización de los inventarios», detalló el documento.
Por su parte, Salazar aseguró que mantendrá un despliegue a nivel nacional por tercer mes consecutivo, con el objetivo de proteger a la población de incrementos de precios y garantizar la exoneración de impuestos a la importación de productos de la canasta básica e insumos agrícolas.