La Defensoría del Consumidor informó este martes 2 de febrero que su Tribunal Sancionador resolvió ordenar a la sociedad GMG Servicios El Salvador, S.A de C.V., propietaria de almacenes Prado y Gallo más Gallo, reintegrar la suma de $735, 884.65 a favor de 21,096 personas consumidoras afectadas, según la institución, por cobros indebidos.
De acuerdo con la Defensoría, la sociedad habría realizado estos cobros por «no calcular los intereses en créditos vigentes conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor»; y además les habría «cobrado a los consumidores una tasa de interés superior a la tasa máxima permitida por el Banco Central de Reserva, según la Ley contra la Usura».
De igual forma, el Tribunal Sancionador ordenó a GMG Servicios El Salvador, S.A de C.V. pagar una multa de $750,000.00.
El Tribunal detalló que, entre los cobros indebidos que se habrían llevado a cabo, se encuentran: cobro de intereses superiores a la Tasa Máxima Legal permitida, en un total de 20,618 consumidores, por un monto de $725,470.96; utilización de un método de cálculo de intereses contrario a la LPC, en un total de 487 créditos, por un monto de $10,413.69; introducción de cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores; remitir información inexacta al Banco Central de Reserva (BCR); y, no remisión de la información de su actividad crediticia al BCR.
Además, explicó que se le otorgó a GMG Servicios El Salvador, S.A de C.V. un plazo máximo de 10 días a partir de la notificación, que fue el pasado 29 de enero, para pagar la multa en la tesorería del Ministerio de Hacienda, y que de lo contrario «certificará su ejecución forzosa ante la Fiscalía General de la República (FGR)».
«El proveedor se encuentra en plazo para presentar recurso de reconsideración ante el Tribunal Sancionador o recurrir ante las instancias judiciales. Una vez quede en firme dicha resolución, la Defensoría del Consumidor a través de su Dirección Jurídica iniciará ante los tribunales pertinentes la representación judicial de los consumidores para hacer efectiva las devoluciones de los montos cobrados indebidamente», concluyó la institución.
La Defensoría explicó que determinó que este proveedor habría cobrado indebidamente a sus clientes, tras una denuncia del presidente de la institución Ricardo Salazar, presentada ante el Tribunal Sancionador en noviembre de 2019, luego de que se llevara a cabo una auditoría financiera.