Cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirma literalmente que si al crimen se le deja de llamar crimen ya no habrá crimen, no está haciendo un simple juego de palabras o, a lo sumo, cometiendo un inofensivo galimatías.
No, detrás de esa frase hay un peligroso mar de fondo que tiene muy preocupado al pueblo colombiano y al mismo fiscal general Francisco Barbosa. Se trata de lo siguiente.
Habiendo llegado a la conclusión de que, dada su evidente peligrosidad, pactar con Pablo Escobar era más razonable que enfrentarlo, el expresidente César Gaviria permitió que el célebre narcotraficante se entregara voluntariamente a la justicia, pero bajo garantía de no ser extraditado a Estados Unidos.
Y no fue esa la única condición impuesta por Escobar. Además, exigió construir su propia y suntuosa cárcel donde estaría custodiado por sus propios guardaespaldas armados. El pacto también implicaba que confesaría un par de crímenes por los que purgaría una sentencia de un par de años y pagaría unos cuantos millones de dólares que en nada mermarían su inmensa fortuna.
El final de esa historia ya es conocido: Escobar escapó porque al construir la cárcel también construyó su ruta de evasión.
Después de eso, el expresidente Juan Manuel Santos igual concluyó que pactar con la sanguinaria narcoguerilla era más razonable que enfrentarla. Así se embarcó en un proceso de diálogo y negociación hacia un acuerdo de paz que, en un plebiscito, fue rechazado por el pueblo colombiano, pero que de todas maneras fue parcialmente implementado.
Solo se desmovilizó una pequeña parte de las FARC, cuyos comandantes se convirtieron en congresistas. La otra parte de la guerrilla continuó alzada en armas matando, secuestrando y dedicada al narcotráfico.
Hoy, el jefe máximo de las FARC, alias Timoshenko, exige que su organización sea reconocida como una víctima del Estado colombiano y que, como tal, sea indemnizada por este.
La pregunta es qué ganó Colombia con esos dos pactos si, como es sabido, tanto la violencia como el narcotráfico siguen tan campantes. El problema es que el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, ha decidido continuar y ampliar la ruta del pacto en un proyecto que ha denominado Paz Total y que se extiende al resto de la guerrilla, los narcotraficantes y los paramilitares de ultraderecha.
Gustavo Petro ha presentado ya lo que él mismo ha denominado «una oferta generosa» a esas tres poderosas estructuras criminales. Francisco Barbosa, fiscal general, se opone abierta y enérgicamente a ese proyecto. Pero este tema en particular lo abordaremos en detalle en la segunda parte de esta columna, el próximo sábado.
