La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, aseguró que la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, cumple con los parámetros internacionales que la vuelven legítima y factible de aplicar en El Salvador.
«A escala de Latinoamérica se hizo una comparación con 15 países que llevan denominadores comunes como las condiciones de elegibilidad, es decir, por quiénes es que se va a aplicar este voto, los requisitos para el registro, lleva un registro electoral, el tipo de elección a la que aplica, las modalidades para la emisión del voto, la posibilidad de que los electores en el extranjero cuenten con representación política. Todo esto lo encontramos en la ley por medio de un estudio que hicimos. Por eso decimos que es una ley completa que reúne los estándares internacionales», explicó la presidenta del TSE en una reciente entrevista de Pulso Ciudadano.
Martínez lamentó las declaraciones hechas por su colega, el magistrado Julio Olivo —propuesto para el cargo por el FMLN—, ya que criticó que la normativa que garantiza el voto a la diáspora tiene supuestos «vacíos».
«Esa es una parte que la voy a desmentir. A esta ley le hemos hecho un estudio técnicamente. No hemos estado sentados esperando, aunque no había pasado el proceso de “vacatio legis”, es decir, el tiempo para que la ley entrara en vigor, nosotros empezamos. En ese estudio se vieron los alcances que tiene la ley y también las líneas de tiempo, que ya las tenemos trabajadas en el calendario electoral», dijo. Agregó que Olivo maneja un doble discurso.
«Quiere decir que cuando estamos en el pleno se maneja una situación y aquí se viene a decir otra; por eso digo que nuestras posturas deben alejarse de ideologías políticas», señaló la presidenta del TSE.
Martínez también calificó como una «irresponsabilidad y desinformación» las críticas que la oposición política hace en relación con la ley. La normativa fue aprobada con los votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC y garantiza el voto activo y pasivo de los compatriotas; este último es el derecho a ser electo en cargos de elección popular, lo cual fue negado en los 30 años de los gobiernos de ARENA y del FMLN.
«Los partidos políticos se resisten a la credibilidad cuando se va a utilizar tecnología, pero si no hemos ni iniciado, ¿Cómo se va a decir que hay un megafraude? Hay otros “expertos” que se dicen así porque trabajaron en el tribunal o que fueron o son asesores de un magistrado y vienen a decir que va a haber fraude», cuestionó la magistrada presidenta del TSE.