La exclusión de la cuenta de Twitter del expresidente de Estados Unidos Donald Trump por alentar la invasión del Capitolio ha dado fuerza a un debate que se ha desarrollado en los últimos años: ¿la limitación del acceso o la supresión de publicaciones por parte de la plataforma supone un riesgo para la libertad de expresión? ¿Quién sería capaz de decidir qué se puede y qué no se puede publicar en las redes sociales? La discusión ha sido mantenida por profesionales de la comunicación, en inteligencia artificial, en justicia y también por organismos de derechos humanos; después de todo, la libertad para la libre expresión de ideas se contempla en varias convenciones internacionales. Representa una de las necesidades básicas de la democracia: el derecho a opinar en favor o en contra de un gobierno.
Lo que todavía causa confusión es cómo diferenciar esta libertad con la incitación a la violencia, la propagación de noticias falsas u otras violaciones de los derechos humanos. Recientemente, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, eliminó una publicación por revelar un remedio casero para la COVID-19 sin ninguna investigación científica. Esa publicación podría causar una falsa sensación de tratamiento o alivio de síntomas de esta enfermedad. Lo mismo sucedió con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, al sugerir el hacinamiento de personas durante la pandemia.
La plataforma entendió que, al manipular la invasión del Capitolio ante un supuesto fraude electoral, Trump violó las políticas de la compañía sobre la violencia. La sugerencia de fraude era ilusoria, ya que no hubo pruebas consistentes para el enjuiciamiento. Pero imaginemos que el caso ocurrió en un país sin una democracia suficientemente sólida y que el fraude electoral era posible. ¿Tendría Twitter el derecho de eliminar la cuenta de los ciudadanos que proponen un levantamiento contra la justicia electoral de esa nación?
A partir de ahora, la forma en que se llevará a cabo este asunto debe tener en cuenta no solo las normas de las plataformas, sino también un sesgo jurídico. El Parlamento Europeo ha estado legislando sobre robótica e inteligencia artificial, un tema inherente a las redes sociales. En 2018, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó la Declaración de Salta sobre los principios de libertad de expresión en la era digital. El documento establece que la legislación de internet y las políticas públicas deben garantizar que el espacio digital sea accesible a todos, pero vinculado al concepto de derechos humanos.
Por lo tanto, un debate más amplio y asertivo debe estar en la agenda internacional para establecer garantías a los usuarios y señalar las obligaciones con las empresas. El límite entre la libertad de expresión y la incitación al odio es, para algunos, muy tenue. Cuanto más claras son las definiciones del uso de las redes sociales, más garantías tendremos para el ejercicio de la democracia.