Ante la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que permite reabrir el caso jesuitas, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) emitió ayer un pronunciamiento en el que exige que el mismo sea conocido como Masacre en la UCA y no Masacre de los Jesuitas, como se presenta en el fallo constitucional.
La universidad argumenta que el nombre del caso en el fallo excluye la memoria de Elba Julia Ramos y su hija de 16 años, quienes fueron asesinadas junto con los seis sacerdotes. Califica de lamentable que al inicio del proceso constitucional del que emanó el fallo no se haya tomado en cuenta su opinión.
Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, afirmó ayer que el caso de los jesuitas no le pertenece exclusivamente a la UCA, sino que es un suceso lamentable en la historia de El Salvador.
«Existe un cambio de visión del que ellos sabrán el porqué. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que no estén saltando en un pie porque al fin se escucharon las demandas. Pero también hay que entender una cosa: la masacre de los jesuitas y el aporte que todos estos grandes hombres y mujeres dieron a El Salvador no les pertenece a ellos, forma parte de la historia de El Salvador, no le pertenece al actual rector, y es algo que va más allá de sus deseos y bloqueos», expresó Callejas en el espacio de la Entrevista A:M de Canal 10.
Además, la diputada afirmó que el país tiene una deuda histórica con las personas y las familias de quienes sufrieron crímenes de lesa humanidad, y que fueron los gobiernos anteriores los que se encargaron de «deshacerse» de las pruebas que implicaban a sus funcionarios.
«En este tipo de casos, de crímenes de guerra, algunos de los principales señalados son Alfredo Cristiani y Rodolfo Párker. Aquí se trabajó de manera coordinada en todas las instituciones del Estado para deshacerse de la poca prueba documental que existía en ese momento, de los audios, de los memos, las órdenes, los telegramas, entre otros. Se trabajó de manera coordinada a nivel de todo el aparato del Estado para deshacer esas pruebas», explicó Callejas.
La legisladora indicó que el derecho de la orden de la Sala de lo Constitucional para que se juzgue a los autores intelectuales del caso jesuitas, «abriría la posibilidad de generar una jurisprudencia que permita el estudio del tema de la justicia transicional». Agregó que Chile, Argentina y Colombia ya están trabajando en dicho tema.
Según Callejas, por años los gobiernos del FMLN y ARENA ignoraron la presión internacional que se hacía para darle una solución no solo a la masacre de los jesuitas, sino también a casos como El Mozote, hermanas Serrano Cruz, Roque Dalton y monseñor Óscar Arnulfo Romero. «El Estado simplemente recibía las sentencias y decía ‘ya luego lo vemos’, y nunca se tomaron decisiones», afirmó la diputada.
