El presidente Nayib Bukele anunció que el Gobierno completó con éxito la segunda operación de recompra de bonos con vencimiento en 2023 y 2025, es decir, de manera anticipada cumplió con los dueños de la deuda emitida por el Estado salvadoreño.
Esto tiene dos lecturas importantes: la primera, todos los ciudadanos de este país hemos ahorrado $288 millones en intereses que no vamos a pagar debido a la cancelación antes del vencimiento de la deuda. Es como llegar a un acuerdo con el banco para que condone los intereses por el pronto pago. Son recursos financieros que se recuperan del servicio de la deuda y se podrán utilizar para financiar el desarrollo económico y los planes sociales que impulsa el Gobierno del presidente Bukele.
La segunda, la recompra de los bonos es un poderoso mensaje para la comunidad internacional y las multilaterales de que El Salvador cumple sus compromisos. De este modo, los inversionistas confían en que el país cumplirá sus obligaciones, lo que desmiente, de manera categórica, la campaña que impulsa la oposición en la que el país está en bancarrota y no es capaz de pagar hasta lo más mínimo.
Ahora la realidad está demostrando no solo la capacidad de pago del Gobierno, sino que también revela el alto nivel en la toma de decisiones estratégicas en función de los beneficios para la población salvadoreña. Nunca en la historia un Gobierno hizo una operación de compra anticipada de la deuda como la del presidente Bukele, que beneficia a los ciudadanos al ahorrar recursos que iban a pagar los compromisos financieros y que ahora se usarán para mejorar los planes de asistencia o de promoción de actividades económicas.
En los gobiernos de ARENA y del FMLN lo que veíamos eran funcionarios que apostaban a que el país perdiera a cambio de ganar jugosas comisiones. Así lo vimos en el caso en el que una poderosa empresa italiana quería quedarse con el control de la geotermia en el país y los políticos de turno hacían todo lo posible para perder en los tribunales de arbitraje para beneficiar a sus patrones.
Ahora, en cambio, el eje de las políticas públicas es el beneficio del pueblo salvadoreño. Por eso, gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, los ciudadanos están más seguros y tranquilos, disfrutan de los espacios que antes les habían arrebatado las pandillas y no tienen temor de perder la vida o sus bienes. Estas son las acciones de un Gobierno responsable y comprometido.