Cada vez que llueve en San Miguel, el Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se inunda. Este fin de semana, el parqueo era una enorme cisterna que recogía el agua que se colaba sin cesar por todas partes. La construcción de este centro asistencial inició durante la administración de Salvador Sánchez Cerén, cuando el Seguro Social era dirigido por el doctor Ricardo Cea.
Se acordó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) iba a gestionar el contrato con la empresa constructora lBT.
La directora actual del ISSS, Mónica Ayala, puso un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre ese acuerdo, que ha resultado lesivo para el Estado. Las obras en el hospital han demostrado ser de muy mala calidad. En junio de 2018, ya había 1,600 observaciones reportadas a la Unops por mal
diseño, como el paso de tuberías de aguas negras sobre los quirófanos. De estas solo se solventó la mitad. Representantes de IBT alegaron que tampoco estaban de acuerdo con el diseño, pero que la Unops insistió en él.
Otra deficiencia ha sido el drenaje, que causa inundaciones en el parqueo subterráneo. La alcaldía de San Miguel, además, reclama por el muro perimetral. Este caso está en los tribunales.
Por si esto fuera poco, la Unops acordó que cualquier litigio con la constructora debe resolverse por arbitraje y que es el ISSS el obligado a pagar; de esa manera se desvincula de cualquier responsabilidad. El costo podría ascender a $17 millones, que deberán ser pagados con los fondos del Seguro Social; es decir, con el dinero de los derechohabientes.
Por ahora, el hospital ya ha costado $83 millones y solo tiene 162 camas, de las cuales 13 están en la unidad de cuidados intensivos (uci), en contraposición con las 2,000 camas del Hospital El Salvador. Cuando la pandemia llegó a su punto más elevado, el Gobierno habilitó una sección para atender allí a pacientes con COVID-19, sin que ello significara la recepción de toda la obra.
Si el sistema de justicia funciona correctamente, es posible que estos malos manejos no terminen costando $120 millones a los cotizantes, y que, además, se investigue a profundidad y se sancione a los responsables de tan desatinadas decisiones.
