Es importante reconocer que la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) es una apuesta clara y ambiciosa para el fortalecimiento del desarrollo local.
A escala nacional hemos sido testigos de muchos escenarios de corrupción en los que alcaldes de diferentes partidos políticos se vieron involucrados.
Las viejas prácticas de generar proyectos con fondos exorbitantes, contratación de activistas semanas antes de los procesos electorales, campañas políticas en las que se entregaron objetos comprados con fondos municipales, proyectos sin ningún estudio de factibilidad, obras de baja calidad y, aún más grave, proyectos inconclusos es solo un poco de lo que los salvadoreños hemos vivido.
Definitivamente, no podemos seguir con la misma concepción de desarrollo local, con instituciones, leyes, mecanismos y herramientas que están diseñados para responder a ese círculo de corrupción municipal que por muchos años limitó las oportunidades de desarrollo y crecimiento del territorio.
Para el proceso de la creación de la DOM se está generando un marco normativo que permita dirigir esfuerzos para darle un nuevo rostro al desarrollo local.
Aprobamos una nueva Ley del Fodes, que promueve el trabajo conjunto entre las municipalidades y la DOM.
Del nuevo porcentaje establecido (6 %), permite que las municipalidades administren a libre disposición el 1.5 %, mientras que el restante 4.5 % será destinado a aquellas obras de infraestructura que las municipalidades identificarán y la DOM ejecutará.
Esta ley también establece el pago de las cuotas que los municipios adeudan a las entidades financieras por parte del Ministerio de Hacienda, alrededor de $600 millones heredados de las administraciones municipales anteriores.
Asimismo, aprobamos la ley de disolución del Isdem, una institución que ya no cuenta con la capacidad para solventar las problemáticas de las municipalidades.
Su objetivo fue aportar asistencia técnica, administrativa, financiera y de planificación a las municipalidades; sin embargo, 33 años después de su creación no se han obtenido los resultados esperados.
El desarrollo nunca llegó a nuestros municipios; por el contrario, se generó una deuda sin precedentes, deuda que deberá ser pagada por las ar cas del Estado.
Las atribuciones que tenía el Isdem serán trasladadas en el área de especies municipales al Ministerio de Hacienda y en la carrera administrativa municipal al Ministerio de Trabajo.
La Ley de Creación de la DOM busca ponerles fin a las prácticas que formaron parte del sistema de corrupción municipal construido por ARENA y el FMLN; será el brazo técnico de las municipalidades que permitirá la utilización eficiente y transparente de los recursos del Fodes.
Con esta ley no se pretende atacar la autonomía municipal, más bien se busca fortalecerla. Serán las municipalidades las que deban identificar las obras a ejecutar, presentarlas ante la DOM para que esta entidad, tal como lo dice el artículo 2 de su ley de creación, sea la encargada de calificar, aprobar, contratar y ejecutar los proyectos.
Terminado este proceso, serán entregados a la población por medio de las municipalidades. Esto permitirá que los proyectos tengan ese componente técnico que tanta falta ha hecho.
La DOM se vuelve la apuesta más ambiciosa para el desarrollo local de los últimos años. Como parte de este proceso, también se aprobó la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales y la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, que forman parte de un complemento del quehacer operativo y administrativo de las funciones de la DOM.
Estas leyes generarán mecanismos que regulen el uso de los fondos y permitirán dar respuesta a los procesos de ejecución de obras de manera eficiente y eficaz.
Como representante de la población en el Órgano Legislativo y presidenta de la comisión de asuntos municipales, estoy apoyando este marco legal generado desde el Órgano Ejecutivo para la construcción de un nuevo rostro para el desarrollo local nacional.
Es una apuesta fuerte e importante que inicia con la inversión de $900 millones que se ejecutarán en obras para los 262 municipios.
No podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado. El mandato de la población es claro: debemos trabajar para entregar un nuevo rostro al desarrollo local, uno que traspase las barreras político-partidarias que por años truncaron las oportunidades para los salvadoreños, uno que le apueste al territorio y a brindar respuestas a las necesidades de la población.
