Ayer por la madrugada, la Fiscalía General de la República procedió con la captura de cinco personas que, tras una serie de investigaciones, son las responsables de la estampida que sucedió el sábado pasado en el estadio Cuscatlán y que provocó la muerte de 12 aficionados. Se trata del presidente, el gerente de seguridad y la gerente financiera de Alianza F. C. (Pedro Hernández, Edwin Abarca y Zoila Córdova), y del gerente general de la sociedad Estadios de El Salvador, S. A. (Edessa), Reynaldo Avelar Contreras, y el encargado de las llaves del estadio, Samuel García.
Las pesquisas han demostrado que hubo negligencia en la organización del partido de cuartos de final entre el Alianza y FAS, pero, además, «avaricia», según señala la Fiscalía, pues se realizó una sobreventa de boletos e incluso se pusieron a circular entradas de eventos anteriores. Por tal motivo, una multitud quedó aglomerada en espera de ingresar a las instalaciones, pero, nuevamente, los organizadores no tenían suficientes puertas habilitadas para tal número de personas, además de que los únicos accesos no estuvieron disponibles con suficiente tiempo para garantizar un ingreso ordenado y seguro.
La Fiscalía acusa a estas cinco personas de tres delitos: lesiones y homicidio culposos y estragos públicos. Es importante destacar la actuación del Estado a través de la FGR, pues las instancias administrativas del fútbol habían decidido tomar acciones que terminaron castigando a los aficionados y a los jugadores, dejando sin ninguna responsabilidad a los directivos del equipo de fútbol, salvo el pago de una multa de $30,000 que no será destinada a las familias de las víctimas, tanto de los fallecidos como de los lesionados, sino que va directo al fondo general de la Fesfut.
La suspensión del torneo de fútbol y que el Alianza juegue a puertas cerradas cuando sea local durante un año implicarán que los aficionados gasten más para ver a su equipo (solo podrán presenciar los partidos cuando sea visitante) y que los jugadores tengan una baja sensible en sus ingresos, además de que se abre la posibilidad de que algunos contratos sean suspendidos.
Los organizadores habían quedado sin ni siquiera una amonestación. Hubo un intento de suspenderlos de sus cargos, pero no tuvo el apoyo de todos los integrantes del comité de sanciones de la Fesfut, que terminó protegiéndolos.
Ahora es el turno de que el Estado reclame por estas muertes para que se haga justicia con las 12 familias que perdieron a un ser querido que solo quería disfrutar de ver jugar a su equipo.
