El presupuesto general de la nación fue construido para llevar progreso y desarrollo al país. Tiene un gran componente para la inversión social y para la asistencia de las familias que están siendo afectadas por la pandemia.
La alianza política que domina la Asamblea Legislativa, en un intento por anular los programas sociales del Estado, emitió 11 decretos para acompañar el presupuesto general en busca de complicar la labor del gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele.
De los decretos enviados por los diputados al Ejecutivo, los que se refieren a la aprobación del presupuesto como tal serán sancionados y entrarán en vigor, según anunció el mandatario. Es decir, 2021 empezará con un presupuesto vigente. Sin embargo, las partes que cercenan los programas sociales serán vetadas.
La oposición política buscó golpear al gobierno al presentar un presupuesto con programas sociales —que fueron necesarios este año debido a la pandemia— suspendidos, que obligarían al gobernante a vetarlo o a sancionarlo con los subsecuentes recortes.
No es la primera vez que los diputados transforman un presupuesto general de la nación en un arma política. Desde esa misma perspectiva, la oposición bloqueó el plan de gastos en múltiples ocasiones y se llegó incluso hasta junio del año entrante sin un presupuesto vigente.
La ley estipula la posibilidad de que los políticos embosquen la actividad del Ejecutivo, por lo que la ley del presupuesto del año pasado queda vigente hasta que se apoye la nueva distribución. Esto sirve para evitar que el funcionamiento del Estado se suspenda y se mantengan vigentes las partidas presupuestarias del año pasado. Es decir, el Gobierno funciona, pero todo lo que se haya planificado para el nuevo presupuesto no se puede activar.
Para 2021, el gobierno había incluido un aumento para médicos, policías y maestros, incrementar la pensión mínima, proteger a la población ante la pandemia, además de la compra de medicamentos y de la vacuna en contra de la COVID-19. Esas asignaciones se mantienen no por imposición del Legislativo, sino porque así se había estipulado desde el principio.
Lo que sí queda fuera es la inversión social. Solo se asignó un tercio de lo contemplado. Sin embargo, eso será suficiente para el primer trimestre del próximo año. El gobierno confía en que la nueva correlación de la Asamblea Legislativa será favorable y dejará sin incidencia a las bancadas legislativas obstruccionistas.
Por eso es importante la votación del próximo 28F, para garantizar que el presupuesto, con todas sus obras sociales, sea reactivado con una nueva Asamblea Legislativa.
