Los resultados de las medidas que implementó el gobierno por la pandemia de COVID-19 están a la vista. El Salvador es el país con el menor impacto en la región no solo en porcentaje de víctimas mortales, sino también en la cantidad de casos reportados. Además, es la nación en donde más se acatan las medidas de prevención, como el uso de mascarillas en espacios públicos.
En medio del combate contra la pandemia, el gobierno logró restaurar la red de hospitales públicos e incluso crear uno nuevo, especializado en la atención a pacientes con COVID-19. El Hospital El Salvador se ha convertido en un referente y ha puesto al país en el mapa de las buenas prácticas para enfrentar la nueva enfermedad.
A diferencia de otras latitudes, El Salvador no ha sufrido una segunda ola de contagios. La rapidez en la respuesta a la detección de rebrotes —gracias a una agresiva y masiva toma de muestras y exámenes— ha permitido mantener a raya el avance del coronavirus, que ha puesto de rodillas a sistemas de salud del primer mundo no una, sino dos veces.
Sin embargo, lo que para otros países son elogios y deseos de replicar en sus territorios, en el nuestro se ha convertido en el objeto de ataque de la oposición y de otros sectores oscuros interesados en golpear al gobierno, aunque ello implique poner en riesgo la vida de cientos de salvadoreños.
La Corte de Cuentas asignó auditores para revisar cómo se usaron los fondos para atender la emergencia, una medida acorde con la transparencia para el manejo de dineros públicos. Pero de eso a intervenir con fiscales armados las oficinas de los ministerios de Hacienda y de Salud hay una gran distancia y no cuenta con precedentes en la historia reciente de El Salvador.
La labor del ministro de Salud, Francisco Alabí, destaca por los índices bajos de contagios y la contención de una enfermedad que ha provocado miles de víctimas en los países europeos y en Estados Unidos. ¿El secuestro de documentación —que bien pudo haberse solicitado mediante los canales ordinarios, sin intermediar grupos de fiscales armados— es para desentrañar los secretos del éxito en el combate de la pandemia? ¿O busca, por medio de la politización de la justicia, bloquear las políticas gubernamentales?
Es muy peligroso que como consecuencia de esta intervención fiscal se trate de paralizar el trabajo del Ministerio de Salud. No hay que perder de vista que seguimos en pandemia. El virus está ahí y se le ha dado buena batalla. No querrán llevar sobre su conciencia las consecuencias fatales de desarticular el combate a la pandemia.
