Recientemente y con dictamen favorable de una comisión, los diputados salientes, a escasas horas de abandonar el primer órgano del Estado salvadoreño, buscan allanar el camino para revivir lo que ha sido probablemente la deuda más grande con la historia y la población de El Salvador: proteger, mediante una «amnistía exprés», a los involucrados en crímenes de guerra.
En El Salvador debe haber cambios trascendentales, porque es el mandato más claro y contundente que elección alguna haya hecho para con un partido nuevo. El Estado no solo debe tener la capacidad de transformarse en un aparato capaz y humano, consciente de las expectativas de la población, sino que debe alejarse de los intereses oscuros que han privado todos estos años, y esto pasa por hacer reformas en aspectos medulares que permitan a El Salvador una verdadera evolución acorde con el dinamismo y las exigencias de la sociedad actual.
Pese a esta necesidad tan claramente expresada en las urnas, los diputados salientes mantuvieron hasta el final la actitud de los «madrugones» y los acuerdos a espaldas del pueblo, todo con tal de generar escudos para protegerse de la ley, aun cuando ello implique el más grave atraso en materia de impunidad.
Desde los días de los Acuerdos de Paz, estos grupos se vienen burlando de la ciudadanía, estos mismos partidos políticos se encargaron en su momento de cubrir con el velo de una ley de amnistía diversos señalamientos, incluso los contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad.
A partir del 1.º de mayo, la tónica de estos 30 años perdidos en la evolución institucional y democrática en nuestro país sufrirá cambios drásticos. Los nuevos diputados tienen la tarea de apartarse de esta mala tradición que lastimosamente se permitió en nuestro país; además, tienen el deber de generar cambios para garantizar que las necesidades y opiniones de la población sean escuchadas, así como también sea tenido en cuenta el llamado de las comunidades desde los distintos territorios y municipalidades. Es una tarea titánica que contrasta con la injusticia que implica la certeza de tantas necesidades y tantas reformas por realizar, mientras los esfuerzos se utilizan en tratar de impulsar una nueva amnistía, en contra de los derechos de la población y del mismísimo progreso nacional.
Como sociedad, debemos comprender la importancia capital de este nuevo rol que la población ha ejercido, mediante el cual puede conceder o quitar a su voluntad el poder en forma absoluta a los políticos según el nivel de compromiso y efectividad mostrado. La actitud antidemocrática y completamente volcada a atender intereses sectoriales que señalo es la razón por la cual el elector decidió quitar su apoyo a las estructuras ideológicas tradicionales.
La idea anterior no es solo una explicación, sino una declaración profunda sobre el compromiso político que implica recibir casi el 100 % del apoyo popular. Así, las nuevas autoridades deben tener a la persona, al salvadoreño, como el centro de sus acciones y sus propuestas, deben mantenerse cercanas a los distintos territorios que representan, y fomentar desde la gestión legislativa y municipal soluciones para los municipios, las mancomunidades, los departamentos, las áreas de influencia y las franjas de desarrollo.
Las nuevas autoridades, que están por tomar las riendas de sus nuevos cargos, tienen la obligación histórica de sustituir los antiguos usos de la política salvadoreña y convertirse en líderes proactivos y humanos, agentes de cambio que coordinen el esquema territorial con el nacional, garantizando el mejor uso de los fondos.
Las nuevas autoridades electas, que están por tomar las riendas de sus nuevos cargos, saben que deben responder a un territorio dolido y olvidado, a una población que está agobiada por los abusos de poder, y, en general, a una patria que de verdad espera cambios sustanciales en el uso de los recursos y la actitud de los funcionarios. Vamos a ver cosas nuevas, muy diferentes. Vamos a empezar a vivir una democracia de verdad.
A partir de 2019 nuestro país está experimentando cambios trascendentales en la forma en que se conducen las cuestiones públicas y en la forma en que los encargados de estas cuestiones se relacionan con la población, que es a quien se debe la estructura de servicio público. Ese es el mandato del pueblo.