Los Acuerdos de Paz, si bien pusieron fin a 12 años de conflicto bélico en El Salvador, terminaron dejando de lado la memoria histórica de los miles de víctimas que murieron entre 1980 y 1992 y que no recibieron los beneficios que el documento, firmado por las partes en conflicto —Gobierno y guerrilla del FMLN—, establecía.
En realidad, la decisión de un cese definitivo de las hostilidades solo se tradujo en beneficios para la comandancia guerrillera y de los partidos tradicionales, como ARENA, que definieron el reparto de las instituciones públicas en la nueva era que la nación salvadoreña iniciaba.
La Asamblea Legislativa decidió, en 2022, dejar sin efecto los decretos legislativos que daban vida a la celebración del Día Nacional de la Paz cada 16 de enero, ya que la conmemoración como tal no reflejaba la memoria de las víctimas del conflicto armado ni de sus familiares.
En lugar de eso, se emitió un decreto para declarar cada 16 de enero Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
Para diversos analistas y personajes que estuvieron involucrados en el proceso de la guerra civil y la posterior firma de la paz, los acuerdos no terminaron trasladándose en beneficios que se habían estipulado para todos los combatientes, y significaron más el obtener pequeños beneficios para un grupo reducido de políticos.
El vicepresidente de la república, Félix Ulloa, ha mencionado que la decisión que tomó el Legislativo al modificar la designación de la conmemoración dejó un precedente, dando el reconocimiento necesario a miles de personas que perecieron décadas atrás.
«Los dirigentes que deberían ponerlos en ejecución no estuvieron a la altura de ese desafío histórico. Se malogró la posguerra. Los combatientes de ambos bandos fueron abandonados a su suerte, mientras sus dirigentes se repartían el botín tanto desde las arcas del Estado como desde la cooperación internacional, que llegó generosa a manos llenas», mencionó el vicemandatario.
Durante una comparecencia ante diputados de la Asamblea Legislativa, el expresidente Alfredo Cristiani, uno de los firmantes de los acuerdos en representación del Gobierno, reconoció que desde la partida de gastos reservados de su administración se erogaron fondos para auspiciar el acuerdo.
La negociación de los beneficios sucedió a los más altos niveles, mientras en las comunidades salvadoreñas, asoladas por la guerra, la población quedaba con las secuelas del conflicto.
El reconocido analista Dagoberto Gutiérrez, firmante de los acuerdos por parte de una de las facciones guerrilleras, recuerda que las verdaderas negociaciones se aprobaron en un grupo reducido que definió los beneficios que se iban a dar.
Gutiérrez mencionó que fue ahí donde terminó la guerra, en ese proceso de negociación a espaldas de la población que sufrió el conflicto.
Los Acuerdos de Paz se componían de nueve capítulos, incluyendo la eliminación de los cuerpos de seguridad para unificarlos en la nueva Policía Nacional Civil, la entrega de indemnizaciones económicas a las víctimas o sus familiares, el ingreso del FMLN a la vida política como partido y el esclarecimiento de los diferentes hechos de violencia.
En concreto, la instauración del FMLN como partido político fue el único punto que de forma acelerada la Asamblea Legislativa cumplió en esa época.
Recientemente, en la sesión plenaria 90, los diputados recibieron la propuesta de declarar Hija Meritísima Post Mortem a Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre cometida en el caserío El Mozote, en Meanguera, Morazán, en noviembre de 1981, quien en 2007 falleció por causas naturales.
Amaya fue una de las testigos clave de la masacre, ya que presenció todos los hechos que batallones de infantería desarrollaron, matando a hombres, mujeres y niños.
El informe oficial de la Comisión de la Verdad consignó que 989 personas fueron asesinadas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en el caserío El Mozote y zonas aledañas; este hecho ha sido catalogado como el más violento en toda Latinoamérica durante un conflicto armado.
Dicho reconocimiento a Amaya es un acto de reivindicación por las víctimas de los vejámenes que 12 años de conflicto armado dejaron.
La iniciativa pasó a análisis de la comisión de cultura y educación.
Desde el Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele visitó el caserío El Mozo te y expresó a sus habitantes que se destinarán recursos para mejorar la infraestructura del poblado, se abrirán becas de estudios para los jóvenes que quieran cursar una carrera universitaria y se desclasificaron archivos sobre la planeación de la masacre en propiedad de la Fuerza Armada y del Ministerio de la Defensa que ningún otro Gobierno había querido dar a conocer.
Se han reconocido 75,000 muertes por la guerra, aunque la cifra no es del todo exacta, ya que puede haber casos que no se conocieron, pero cuya memoria comienza a ser honrada 41 años después de perder la vida.
