La presión de la masiva marcha de los estudiantes universitarios, docentes y personal administrativo de cinco instituciones hacia la Casa Presidencial el martes obligó al Gobierno de Rodrigo Chaves a retroceder en su propuesta de reducir el 23 % del presupuesto de las universidades públicas para 2023 por medio del Fondo para la Educación Superior Estatal (FEES).
Cerca de 30,000 personas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional, la Universidad Técnica Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, mostraron su rechazo por la iniciativa y argumentaron que la decisión afectaría a los estudiantes y proyectos sociales.
La comunidad estudiantil y rectores de las cinco universidades abogaron porque al menos se deje intacto el presupuesto de aproximadamente 829 millones de dólares, como se estableció en 2022. Tras la protesta y un encuentro entre los líderes del sector de la escuela superior, la ministra de Educación Anna Katharina Müller, y el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) Rodrigo Arias, el Ejecutivo anunció que abandonaría la idea de disminuir el presupuesto.
Sin embargo, todavía no existe un acuerdo definitivo, ya que ambas partes se reunirán este miércoles en la Comisión de Enlace para negociar los fondos por el aumento de la inflación y realizar un ajuste. «En este proceso de negociación hemos llegado a un acuerdo de que la base del presupuesto del 2022 se mantendrá para el 2023», declaró Müller a medios de comunicación tras el encuentro.
El lunes, en cadena nacional la ministra justificó la reducción con las «limitaciones financieras del país» y llamó a los sectores a priorizar el presupuesto en otros sectores vulnerables.
La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 78 que la educación estatal, incluida la superior, no debe ser inferior al 8% anual del Producto Interno Bruto (PIB) y, de acuerdo con el Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica, actualmente es del 6%.