«José Rivera» pagó en 22 años un modesto apartamento en Soyapango, en el cual vivió solo por 10 años, ya que luego tuvo la oportunidad de adquirir otra vivienda. La sorpresa para él fue que, a los años de mudarse, mientras él seguía pagando al Fondo Social, unos intrusos se apropiaron de su inmueble.
«Luego que me fui lo mantuve por varios años arrendado, pero cuando se fue la última inquilina llegaron pandilleros a vivir al apartamento, lo usurparon. Yo terminé de pagarlo, me costó $21,000 los intrusos nunca se fueron, pero gracias a un abogado intermediario que los conocía logré venderlo en $4,000», explicó Rivera.
El salvadoreño perdió miles de dólares a causa de la usurpación de inmuebles, su caso es similar al de su amigo de infancia «Fredy», con la diferencia, que él nunca logró recuperar el apartamento ni venderlo.
Desplazar a familias de sus viviendas para utilizarlas de manera ilegal o convertirlas en «casas destroyers» es una práctica que por décadas han realizado las pandillas en El Salvador y ha afectado la estabilidad y economía de muchos salvadoreños, sin embargo, en los últimos años, la Fiscalía General de la República registra una disminución de estas denuncias.
Desde 2018 hasta agosto de este año, el ministerio público registra 1,640 denuncias por usurpación de inmueble. En los últimos dos años, estos casos se han ido reduciendo, en 2020 se registraron 394 y de enero a agosto se reportan 281 casos de usurpaciones. Además, la Fiscalía añade 507 denuncias por utilización u ocupación ilegal de inmuebles.
Una persona que «con fines de apoderamiento o de ilícito provecho, por medio de violencia, amenazas, engaño o abuso de confianza, despojare a otro de la posesión o tenencia legal de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produjere invadiendo el inmueble, permaneciendo en él o expulsando a los ocupantes» puede ser condenado de uno a tres años.
PROCESADOS
El ministerio público actualmente procesa a 935 hombres y 483 mujeres por usurpación de inmuebles. El resto, 222, es población no determinada. La mayoría de denuncias se registran en San Salvador y La Libertad, donde se reportan 447 y 240 casos, respectivamente.
«La usurpación de inmuebles es una práctica cometida por las pandillas y crimen organizando en El Salvador y por personas oportunistas. Los delincuentes ocupan el inmueble y usualmente lo ponen en alquiler o se lo asignan a familiares de pandilleros, usufructúan los beneficios del inmueble, desarrollan y ejecutan conexiones ilegales de servicios», asegura el criminalista, Ricardo Sosa.
En agosto del 2018 trascendió que los pandilleros de la MS que delinquían en colonia Vista al Lago en Ilopango tenían usurpadas más de 500 viviendas, las cuales «alquilaban» a $50. Por estas acciones ilegales, las autoridades capturaron a cinco personas quienes no pagaban casas, ni alquiler, y ni servicios básicos.
AUTORIDADES VERIFICAN LEGALIDAD DE VIVIENDAS
El Gabinete de Seguridad asegura que este delito afecta «a las comunidades con alta incidencia delincuencial» por lo que trabajan constantemente en erradicarlo.
Desde hace dos años, a través del fortalecimiento del plan Casa Segura incluido en el Plan Control Territorial, las autoridades realizan constantemente operativos a nivel nacional, mayormente en municipios con mayor presencia de pandillas, donde verifican la legalidad de los inmuebles para evitar la usurpación de estos.
Uno de los más grandes golpes a estructuras delincuenciales se realizó el pasado 28 de enero con el operativo «Enero 6», con modalidad Casa Segura en Soyapango, San Martín, Ilopango y Tonacatepeque en el que se detuvo a 25 usurpadores.
La Policía detalló que durante este procedimiento se desplegó a más de 250 agentes. «Hubo 38 personas capturadas, de estas, 25 son por usurpación de inmuebles, hasta de fraude de servicios de energía y fluidos», explicó el ministerio público.
El propósito de los operativos es combatir a las estructuras delincuenciales que operan en la zona, además de la verificación de la tenencia de los servicios básicos y evitar el hurto, así como la legalidad de las viviendas.
«La estrategia PCT ha permitido que la PNC con el apoyo de la FAES recuperen viviendas, sean entregadas a los propietarios y los delincuentes y usurpadores sean capturados y llevados a los tribunales», opina Sosa.
LOGROS DEL PTC
Mantener presencia policial y de soldados permanente en zonas donde solían controlar las pandillas ha sido una de las principales estrategias de las autoridades para disminuir el accionar de estos grupos, asegura el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
Seguridad asegura que con la implementación de la fase «Incursión» del Plan Control Territorial, se ha logrado reducir la incidencia delincuencial en algunos municipios como Soyapango, Ilopango y San Martín, en un 75 %.
Los homicidios, extorsiones, usurpaciones, robos y hurtos son algunos delitos que han disminuido desde que se comenzaron a realizar las acciones enmarcadas en el plan de seguridad.
«Es el rostro humano de la estrategia Plan Control Territorial, y muestra avances en la recuperación del territorio a criminales», dice Sosa.
