El Salvador acaba de conmemorar el vigésimo aniversario del terremoto de enero de 2001, con reclamos no cumplidos. Muchas familias se quedaron sin dar entierro a los restos de sus familiares que perecieron en la tragedia, la mayoría en el departamento de La Libertad, sobre todo en la colonia Las Colinas, de Santa Tecla.
Todavía hay personas que lamentan sus pérdidas y que deben enfrentar situaciones como el pago de tasas a la alcaldía de Santa Tecla —municipio aún gobernado por ARENA— a pesar de no tener viviendas, solo los terrenos que obtuvieron después de años de pelear contra la burocracia voraz.
Los fenómenos naturales desnudan las carencias de una nación. Y así vimos que hace 20 años murió más de medio millar de personas en Las Colinas porque las autoridades se hicieron del ojo pacho con la construcción en zonas inadecuadas y no ejecutaron obras de mitigación. Esa vulnerabilidad sigue presente en todo el país, como se evidenció hace poco en la comunidad Los Angelitos II, de Nejapa.
Es hasta hoy que se enfrenta de tajo el problema, pero no colocando plástico sobre las laderas, sino entregando una casa segura a las familias en peligro. Entonces vemos los reclamos de los mismos de siempre, que se quejan porque el gobierno concedió una casa decente a familias pobres.
Por más de 20 años también hemos visto que un partido político se aprovechó de la muerte y la desgracia para financiar su campaña electoral. El Gobierno de Taiwán donó millones de dólares para atender a las víctimas, a los damnificados y a sus familias. El dinero, sin embargo, se desvió de su objetivo inicial y fue a parar a las cuentas de ARENA para financiar la campaña electoral de Antonio Saca.
A pesar de que ha habido numerosas pruebas de este robo, no hay nadie condenado por ello. Los abogados han hecho todo lo posible por atrasar cualquier proceso iniciado con tal de que los responsables evadan la justicia.
Tampoco vimos acciones en contra del partido político que recibió los fondos y los usó para mantenerse en el poder. No hemos visto la acción de la Fiscalía en contra de sus dirigentes (pasados o actuales) ni pronunciamientos contundentes de los tanques de pensamiento que ahora han puesto de moda la «transparencia», ya que entre sus directivos hay beneficiarios directos de ese desvío de fondos: exfuncionarios que estuvieron o en el gobierno de Francisco Flores o en el de Saca.
¿Hasta cuándo seguirá esa impunidad?
