Ha quedado de sobra demostrado que las legislaturas del pasado diseñaron y perfeccionaron todo un sistema de corrupción que incluyó la erogación de fondos públicos a las ONG de las que muchos diputados formaban parte.
En el espacio de entrevista Las Cosas como Son, la exdiputada del FMLN Lorena Peña reconoció que nunca contemplaron revisar si los fondos que se erogaron a las ONG se ejecutaban en los proyectos o no.
«Nosotros no íbamos a revisar si se hacían los proyectos o no. Eso era algo que la Corte de Cuentas debía auditar, pero nosotros nunca pensamos en revisar a las organizaciones», reconoció la también expresidenta de la comisión de hacienda y expresidenta de la Asamblea Legislativa.
Sobre la legalidad de la entrega de estos recursos a las ONG, Peña se contradijo porque —en un primer momento— sostuvo que «la Asamblea no administra dinero público, [sino que] la Asamblea hace leyes».
Sin embargo, posteriormente reconoció que se valieron de los incisos décimo y décimo primero del artículo 131 de la Constitución de la República que facultan a la Asamblea Legislativa a destinar fondos para organizaciones que hagan «labor social».
Lo que Lorena Peña omitió decir fue que cualquier reajuste del presupuesto general del Estado debe contar con la opinión técnica del Ministerio de Hacienda, como entidad encargada de las finanzas públicas, lo cual no se hizo cuando las viejas legislaturas asignaron fondos públicos a las ONG.
Un informe elaborado por abogados para la comisión que investiga la entrega de dinero a las ONG comprobó que, en efecto, Lorena Peña, como presidenta de la comisión de hacienda, aprobó reajustes presupuestarios para que se erogaran fondos a las fundaciones Las Mélidas y Fundaspad, de las cuales ella es fundadora, según reconoció públicamente.
