La comisión especial que investiga los sobresueldos ha determinado que en los gobiernos de ARENA y del FMLN se otorgaba doble remuneración a los funcionarios como una modalidad para enriquecerlos. Los exfuncionarios que han comparecido ante los diputados del equipo de investigación no han hecho más que confirmar esa práctica delictiva.
Sin embargo, aunque está claro que violaron la ley porque recibieron más de un ingreso del Estado —que es lo que la Constitución establece—, han decidido ponerle nuevos nombres a lo que todos sabemos que es un sobresueldo, en un ridículo esfuerzo para hacer creer que al no llamarlo por su nombre el crimen se vuelve inocuo.
De esa forma, escuchamos al expresidente Alfredo Cristiani, de ARENA, reconocer que usó los fondos públicos asignados a la partida secreta para pagarles extra a los miembros de su gabinete; pero, eso sí, «todo era lícito», aunque la ley definía el monto del salario de cada funcionario.
También oímos hablar de «complementos salariales» a Luis Mario Rodríguez (secretario de asuntos jurídicos y legislativos del expresidente Antonio Saca) para justificar que el sobresueldo ilegítimo le triplicó su ingreso legal; y, por si fuera poco, le dio más validez a un «acuerdo verbal» que a la Constitución y a las leyes de la república.
La última viveza de ratón que escuchamos fue la de Rodrigo Ávila, director de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el Gobierno de Saca y actual diputado de la bancada de ARENA. Para él, no es ilegal haber recibido un salario extra pagado en efectivo, porque no era un sobresueldo sino un «estipendio». Al igual que sus colegas de desfalco, creyó que por ponerle un nombre diferente al sobresueldo, cual hechizo conjuraba el crimen y lo convertía en algo virtuoso. De ese mismo modo pensó el prófugo Sigfrido Reyes, del FMLN, quien asegura, de manera campante, que pasó de ser un guerrillero de a pie a ser un constructor de residenciales en zonas de alta plusvalía gracias al «ahorro». Justificó su fortuna al decir que todo era dinero proveniente de sus «emolumentos».
A nadie convencen estos viejos políticos que llegaron sin nada al servicio público y salen convertidos en millonarios, coleccionistas de autos clásicos y dueños de mansiones. Todo esto es el lastre que El Salvador ha sufrido por décadas y que recién ahora empezamos a conocer como sociedad. Ahora toca rectificar, impartir justicia, recuperar lo robado y velar para que no vuelva a suceder.